Facua denuncia al Gobierno ante la UE por incumplir la directiva de electricidad

En su opinión, el Ejecutivo no garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad «razonables»


Facua ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, ya que en su opinión no garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad «razonables».

En su denuncia, Facua advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad «razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios».

Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio del 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.

En un comunicado, Facua recuerda que en su artículo 3.7 la directiva plantea que «los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables».

También establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general».

La realidad, expone Facua, es que el Gobierno de España no tiene ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético.

En su denuncia, Facua argumenta que «la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables» del Gobierno español ha sido el bono social, «cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad».

Para Facua, el bono social deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, «tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella».

La organización explica en la denuncia que el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales.

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