Nada se ha movido. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sigue manteniendo su postura de que la renuncia o la utilización de 2.260 millones de euros de beneficios fiscales no se valorará en el precio de venta de NCG, a pesar de que va en contra de lo pactado en el memorándum de entendimiento sobre la recuperación de todo el dinero público posible.
Los equipos de los potenciales compradores (BBVA, La Caixa, Santander, Banesco, Guggenheim, JC Flowers, Wl Ross y Oaktree) seguían ayer estudiando una operación que puede dejar excluida a Galicia del mapa financiero español.
Las normas impuestas por el Ministerio de Economía, el FROB e incluso el Banco de España, hacen que una oferta que debería ser transparente y competitiva, beneficie a la banca española.
La posición de Galicia
La Xunta, a través del vicepresidente Alfonso Rueda, dijo ayer que no tiene constancia de que desde el Gobierno de Madrid se esté optando por que sea un banco español y no un inversor extranjero el que se quede con la entidad.
«Nós o que seguimos mantendo -añadió- é o noso interese e desexo e obxectivo de que, sexa quen sexa finalmente quen resulte gañador, que manteña o que sempre pedimos: que flúa o crédito aquí ás empresas e ás familias galegas, que os órganos de decisión estean aquí e que se siga mantendo a identidade dunha entidade financeira en Galicia. Iso é fundamental».
Aunque las declaraciones de Rueda, realizadas en un acto de partido, no fueron del todo contundentes, se sabe que el Ejecutivo autonómico está disconforme con la resolución adoptada desde el departamento que dirige Luis de Guindos. Durante el fin de semana se esperaban contactos telefónicos en las más altas instituciones políticas para que la privatización de NCG fuese equilibrada y justa.