Almunia extiende a Francia su ofensiva contra las ayudas de Estado al naval

Manoli Sío Dopeso
M. Sío Dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

15 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La Comisión Europea investigará «en profundidad» las ayudas de Estado que recibe el sector naval francés. La Dirección General para la Competencia, que preside el comisario Joaquín Almunia, será la encargada de determinar si los cambios recientes en la legislación fiscal francesa aplicable a las compañías navieras cumple con las normas comunitarias sobre ayudas estatales. Según la orden de investigación emitida por Competencia, la Comisión analizará la inclusión en el régimen de incentivos favorables (basados en la tributación por tonelaje) de buques fletados bajo banderas de países ajenos a la Unión Europea.

No es la primera vez que Bruselas llama la atención a Francia por incentivar a su sector naval. En el año 2005, la Comisión Europea abrió una primera investigación y dos años después declaró ilegales sus ayudas a los astilleros. El país galo no pudo aplicar más aquel sistema de incentivos, pero, a diferencia de lo que ocurrió con el tax lease español, Bruselas no exigió la devolución de las ayudas para no generar inseguridad jurídica.

Investiga a Holanda

Fuentes de Bruselas explican que este nuevo toque de atención a Francia se enmarca en la ofensiva abierta por el comisario Almunia contra las ayudas de Estado a la construcción naval. Recuerdan que, además de la sanción impuesta a España, que sí ha sido obligada a devolver parte de las ayudas (126 millones, según estimaciones de Hacienda), Competencia investiga también a Holanda para favorecer a su industria naval, tras una denuncia presentada en junio del 2012 por el Foro Marítimo Vasco y el Clúster del Naval de Galicia. Sobre el estado del expediente, Bruselas se limita a afirmar que «sigue su curso».

Además, el departamento de Almunia trata de determinar si el Ejecutivo portugués concedió ayudas al mayor astillero público del país, Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), ahora privatizado, para salvarlo de la quiebra. Bruselas asegura que el astillero de Viana do Castelo se habría beneficiado de varias ayudas estatales por un valor superior a los 180 millones.

Competencia insiste en que «la concesión de ayudas estatales sin previa autorización de la Comisión entraña el riesgo de que se consideren incompatibles y sean recuperadas».