El juez revisa la pensión de Gayoso en la investigación a la caja gallega

Ya son diez los imputados, al ampliarse la causa al abogado que asesoró en la redacción de los contratos de los ejecutivos de Novacaixagalicia

<span lang= es-es >El primer consejo de Novacaixagalicia, clave</span>. Celebrado el 1 de diciembre del 2010, fue el que abordó la convalidación de los tres contratos de alta dirección; el cuarto fue posterior.
El primer consejo de Novacaixagalicia, clave. Celebrado el 1 de diciembre del 2010, fue el que abordó la convalidación de los tres contratos de alta dirección; el cuarto fue posterior.

Redacción / La Voz

La instrucción que está llevando a cabo el juez Ismael Moreno sobre las millonarias indemnizaciones a cuatro ejecutivos de la extinta Novacaixagalicia está llegando años atrás, centrándose en las actas de consejos y acuerdos laborales de alta dirección de Caixanova. Ahí cree que puede estar el germen de esos polémicos blindajes. Y está solicitando y cotejando varios documentos, entre otros las modificaciones que se hicieron sobre el plan de pensiones de Julio Fernández Gayoso, según fuentes judiciales.

La fecha que toma como referencia el instructor es el 2006, cuando se produjo la última modificación de ese contrato. En junio de ese año, con 75 años, Gayoso abandonó la dirección general (había llegado al límite legal de edad) de Caixanova para convertirse en su presidente. Pasó de tener un sueldo en la caja a una pensión (se estima en 580.000 euros al año), aparte de dietas por pertenencia a diferentes consejos.

Según las mismas fuentes, Ismael Moreno trata de averiguar si su contrato es similar al que luego suscribieron José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada, también altos directivos de Caixanova, contratos que están en el germen del proceso judicial. Incluso si guarda relación con el que se rubricó, ya en Novacaixagalicia, con Javier García de Paredes. A diferencia de los anteriores, este último firmó su acuerdo laboral ya tras la fusión (procedía de Caixa Galicia), salió cuando la caja se convirtió en banco (el resto se fueron antes), y fue el único de los imputados que mostró su disposición a devolver cuatro millones de euros, la mayor parte de lo percibido. No pudo hacerlo porque la investigación judicial lo bloqueó. En su caso, lo que se cuestiona es la forma en la que podía cobrar su prejubilación, porque la capitalizó, y según el escrito de la Fiscalía, su contrato no lo permitía. Son casuísticas bien diferentes.

El proceso judicial iniciado en el 2012 cuenta ya con 10 imputados. Porque a los nueve conocidos hasta ahora se suma otro que también ha sido citado. Se trata de Ricardo Pradas Montilla, abogado madrileño que asesoró en la redacción de los contratos de alta dirección, y que trabajó para otras entidades.

Se suma así a otros nueve imputados. Son los cinco directivos encausados desde mediados del 2012, y a los que ya tomó declaración el juez. A Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes se les pide la devolución de cantidades. A Gayoso se le considera cooperador necesario. Hay que sumar otros cuatro consejeros de Novacaixagalicia, los que formaban parte en el 2010 de la comisión de retribuciones. Son Mauro Varela, Salvador Fernández Moreda, Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. La Fiscalía entiende que desde ese órgano se dio validez a los contratos.

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