El Gobierno pospone la decisión sobre si es compatible presidir un banco y su fundación, y el responsable de La Caixa presiona para conseguirlo
31 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Dicen en el sector financiero que la ley de cajas que ayer recibió el primer visto bueno en el Congreso se conoce en los pasillos como ley Fainé. Por el interés que tiene en ella el presidente de La Caixa y de Caixabank. Precisamente porque esa norma podría acabar con su dualidad de puestos. La ley es una exigencia de la troika -figura en el pliego del rescate bancario- para, entre otras consecuencias, evitar que un mismo directivo pueda presidir un banco y la caja (o futura fundación) que lo controla. En la práctica, esa medida afecta a Isidro Fainé y a los presidente de Kutxabank, Ibercaja y Unicaja.
Es una decisión complicada porque supondría que el directivo en cuestión perdería parte de su poder al tener que elegir entre un puesto y otro. Por ello, dicen las mismas fuentes, Fainé y su entorno están presionando al Gobierno. Por el momento la decisión sobre esa compatibilidad ha quedado en suspenso. Se abordará próximamente, posiblemente cuando la ley llegue al Senado. Ayer en el Congreso salió adelante con los únicos apoyos del PP y del PNV. Los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron, entre otros motivos, porque no se había resuelto esa incompatibilidad. Será un escollo duro porque Bruselas no quiere ese doble cargo, sobre todo para evitar que haya interferencias políticas entre el banco y la caja que lo sustenta.
La ley estatal no tendrá impacto en Galicia porque la caja gallega ya no tiene participación alguna en NCG; perdió todo cuando el FROB nacionalizó el banco al 100 %, hace 10 meses.
La ley sale del Congreso con algún cambio significativo. En concreto, se permite un período transitorio para que las fundaciones bancarias que posean más del 50 % de un banco (La Caixa o Kutxabank) reduzcan su participación por debajo de ese límite en un plazo prolongado de tiempo.
A la vez, esto permitirá que esas fundaciones no tengan que constituir de inmediato el fondo de reserva al que les obligará esa reducción en el banco. El proyecto de ley exige que cuando las fundaciones tengan una participación igual o superior al 50 % deberán contar con un fondo de reserva para hacer frente a posibles insolvencias. A las fundaciones se les permitirá que este fondo -impuesto por la troika- se constituya de forma gradual, a medida que venden su participación en el banco.