La Reforma de la Administración para adaptar la agenda digital ahorrará 478 millones al año

La Unión Europea redirigirá parte de los fondos estructurales con el objetivo de destinarlos a mejorar la educación en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a facilitar la movilidad para el empleo digital.

Así lo ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso durante su explicación de las conclusiones del Consejo Europeo de los pasados 24 y 25 de octubre, donde la agenda digital fue el tema principal del orden del día.

Según el presidente, los líderes de los estados miembros acordaron «redirigir fondos estructurales para mejorar la educación en las TIC, integrarlas en el currículum educativo en todos los niveles, facilitar la movilidad y el acceso a los títulos para empleos digitales y acelerar el marco paneuropeo de competencias digitales».

Además, ha destacado que España ya está «dando pasos concretos adelantándose» a los estados miembros, como por ejemplo dedicar parte de los fondos estructurales a actividades de formación y apoyo a cualificaciones en tecnologías de la información, sobre todo a través de las iniciativas de empleo joven. Asimismo, se incorporará a través de la reforma educativa (LOMCE) la formación en estos ámbitos de forma «transversal» y «sin perjuicio del tratamiento específico que haya en alguna asignatura».

Y es que los estados europeos están quedando rezagados en la economía digital con respecto al liderazgo estadounidense, un problema que debe superarse para evitar que los 300.000 empleos digitales que se quedaron sin cubrir en la UE en el año 2011 no se tripliquen dentro de dos ejercicios.

Para ello, en 2010 se puso en marcha la Agenda Digital, que incluye «medidas para hacer un mercado único integrado en materia digital y de telecomunicaciones». Particularmente, se busca garantizar el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías en condiciones de «competencia, máxima calidad y menor precio» como factor de competitividad económico.

En este sentido, la postura de España ante sus socios europeos el pasado fin de semana pasó por «defender que los esfuerzos de la estrategia digital nacional se hagan a escala europea», poniendo en el centro del debate la defensa de los consumidores para que puedan acceder a servicios «ajustados a la demanda en precio y calidad».

Así, el presidente ha precisado que las materias concretas que ha defendido en el Consejo --y sobre cuya normativa se ha aprobado un calendario de aprobación-- pasan por que el despliegue de redes sea «eficiente, atendiendo a las necesidades de calidad y precio». «Tan malo es invertir demasiado poco como en exceso. Hay que invertir de forma eficiente», ha dicho.

Del mismo modo, Europa necesita un marco regulatorio que garantice el «mayor grado de competencia en toda la cadena de valor», para lo cual hace falta «permitir el acceso del mayor número posible de operadores, regular los mercados y vigilar que no haya abusos o restricciones de la competencia». Aunque también se debe prever una fiscalidad «justa» para que se «dificulte la evasión y se graven las actividades donde generen el valor».

Pero siempre garantizando el «respeto a los derechos fundamentales« de los consumidores como la intimidad, el honor o la defensa de la seguridad interna y del orden público; así como garantizando los derechos de propiedad intelectual con un »marco legal que garantice que los creadores y los titulares de derechos reciban una remuneración adecuada».

Muy relacionado con la agenda digital está el tema de la innovación, que también se ha abordado durante el Consejo Europeo, con el objetivo de conseguir que las inversiones en esta materia sean «eficientes» y cuenten con la «mayor colaboración e integración» europea. «Por eso hemos apoyado la puesta en marcha del Espacio Europeo de Investigación, que empezará a funcionar en 2014 y que contribuirá a la movilidad de investigadores en la UE y estimulará la fluidez de ideas, recursos y talentos», ha dicho el presidente, recordando que a nivel nacional ya se está trabajando en una Estrategia de Ciencia y Tecnología en línea con los objetivos europeos.

Regulación inteligente

Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno europeos también han tratado la «regulación inteligente» y la liberalización de servicios. Sobre el primer asunto, Rajoy ha señalado que su objetivo es »suprimir, simplificar y racionalizar la regulación« tal y como ya está haciendo el Ejecutivo español con reformas como la de unidad de mercado o la Ley de Emprendedores.

«El Gobierno ha puesto en marcha una amplia batería de reformas nacionales para garantizar que la legislación sea sencilla, previsible, proporcionada y se pueda cumplir con el menor coste», ha dicho Rajoy, avanzando que la reducción de cargas administrativas y las mejoras de regulación previstas por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) supondrá la simplificación de 63 trámites y permitirá un ahorro anual estimado de más de 478 millones de euros.

Finalmente, el Consejo Europeo ha pedido a los estados miembros que aceleren la trasposición de la directiva de servicios públicos, aprobada en 2006 con el objetivo de «facilitar el establecimiento y la libre circulación de servicios» en todo el ámbito comunitario.

Según el presidente, España es «pionera» en esta materia y «no sólo ha traspuesto ambiciosamente la directiva» a la normativa nacional sino que también ha sacado adelante otras reformas, como la de Unidad de Mercado, o está a punto de hacerlo, como el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios.

Sobre esta propuesta normativa, que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros, Rajoy ha subrayado que permitirá eliminar requisitos de cualificación, obligaciones de colegiación y otras restricciones, «simplificando y modernizando considerablemente la normativa». «Se establecerá un marco horizontal que respete la legislación sectorial, basado en principios de buena regulación», ha concluido.

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