Los pensionistas gallegos perderán en diez años un 20 % de poder adquisitivo

Los ingresos del 64 % de ellos son inferiores al salario mínimo y cerca de 140.000 cobran entre 150 y 350 euros al mes


santiago / la voz

Presentada como la única vía posible para garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones, la reforma emprendida unilateralmente por el PP e impuesta por Bruselas, constituye, en realidad, un peldaño más en el proceso de devaluación interna del país. Prueba de ello es que la puesta en marcha de la variable determinante en la estabilidad futura del modelo, el llamado factor de sostenibilidad, se aplaza hasta el 2019, mientras que el mecanismo de actualización de las cuantías arranca ya mismo. Concretamente, en el 2014, con una subida del 0,25 %. Esto evidencia que ahora, antes que otra cosa, lo prioritario es reducir el gasto público y cuadrar el déficit, mucho más que salvaguardar el modelo a medio plazo.

La premura en la aplicación de la reforma coloca en el blanco de la diana al eslabón más débil: 740.525 pensionistas gallegos, es decir, nada más y nada menos que al 27 % de la población gallega. Los datos actualizados de la Seguridad Social revelan que, entre todos ellos, perciben de media 722 euros mensuales de prestación, la cuantía más baja de todo el Estado. Pero las medias suelen tener un efecto distorsionador.

Si se analiza el número de beneficiarios gallegos por tramos de lo que ingresan, la lectura es más desalentadora: en Galicia hay casi 140.000 pensionistas -el 19 % del total- cuyos ingresos mensuales están entre los 150 y los 350 euros, lo que significa que encajan en el perfil de lo que Cáritas llama pobreza severa. A este numeroso grupo, la subida prevista para el 2014 les supondrá incrementos que oscilan entre los cuarenta y los ochenta céntimos. Menos de lo que cuesta la barra de pan de un día.

Los datos desglosados por tramos que divulga la Seguridad Social muestran que entre los 150 euros y los 645 euros de ingresos mensuales, hay en Galicia 476.956 pensionistas, un 64,3 % del total. Esto significa que el grupo más numeroso está por debajo del salario mínimo interprofesional. A ellos les subirá la prestación, en el mejor de los casos, 1,6 euros, menos de lo que cuestan dos barras de pan.

Negro horizonte

Las proyecciones efectuadas hasta ahora sobre el impacto de la reforma -teniendo en cuenta un horizonte creíble de evolución del crecimiento económico y de la inflación- muestran que los pensionistas gallegas podrían perder a lo largo de los próximos diez años un 20 % de poder adquisitivo.

El peso de las economías domésticas de subsistencia en el ámbito rural y en pequeñas villas, en muchos casos, compensa unos ingresos cuyas cantidades se sitúan en el umbral de la pobreza. Pero la crisis ha convertido a los pensionistas en otro de los diques que contienen la inmensa riada de necesidades que ha provocado el desempleo. José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y uno de los expertos que votaron en contra de la reforma del sistema, cree que el paso dado por el PP tiene un riesgo político enorme. «Además de que es un cambio que rompe el Pacto de Toledo, que es precipitado e innecesario, supone ir contra una gran mayoría social: las pensiones soportan la vida del titular, pero también de su entorno», explica Tortuero.

Conflicto social

Este es otro de los aspectos más determinantes para analizar el impacto de la devaluación de las pensiones en la sociedad, al tratarse de un colectivo que, en gran medida, contiene un estallido social. Una realidad que tiene un reflejo en las propias estadísticas oficiales. Los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA) muestran que de los 370.000 hogares gallegos en los que vive un pensionista, es decir, no ocupados que sí perciben ingresos, en 69.000 vive un desempleado y en 24.000 hay uno o más parados. En resumen: en cien mil hogares de la comunidad gallega, cifra que equivalen al 10 % del total, hay un pensionista que está manteniendo a uno o más parados. Los informes del IGE sobre condiciones de vida muestran que la solidaridad económica de los familiares y amigos es, junto a la beneficencia, la otra gran pata del Estado de bienestar.

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