El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias con el objetivo de mejorar su protección en todas las transacciones a distancia. El texto refuerza la seguridad jurídica de los consumidores y empresarios en operaciones de comercio electrónico o amplía el plazo legal para que el usuario pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales. Se completa también la información que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y se les dota de nuevos derechos en cuanto a los plazos de entrega y riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido.
Establece, además, que el cliente tiene que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción para evitar las cargas encubiertas, y que en los contratos telefónicos, el consumidor y usuario solo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
Unas medidas que para las organizaciones de consumidores todavía son insuficientes. «Esta ley corre el riesgo de quedarse en papel mojado», alertó Rubén Sánchez, portavoz de Facua.