La entidad distribuyó argumentarios a sus empleados con instrucciones para la venta de las participaciones
10 oct 2013 . Actualizado a las 15:56 h.Caja Madrid prometía a los potenciales compradores de preferentes en el año 2009 que podrían rescatar su inversión en un plazo máximo de siete días a precio de mercado, según se desprende de varios argumentarios distribuidos por la entidad a sus empleados con instrucciones para la venta de estas participaciones a sus cliente.
«Existirá un mercado secundario en la propia entidad dónde sus participaciones serán adquiridas en un plazo máximo de 7 días hábiles, a precio de mercado, el cual podrá ser mayor o menor del precio de adquisición», indicaban los documentos que han sido aportados por la asociación «15MpaRato» al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la venta fraudulenta de este producto. En ellos se incluyen respuestas a las distintas dudas que pudieran plantear los clientes. La precisión sobre el plazo máximo de siete días para la recuperación de la inversión figura como respuesta a la pregunta 'Pero...¿qué pasa si necesito mi dinero?'.
Los argumentarios también incluye contestación a cuestiones como el plazo de vencimiento de la emisión y especifica que, aunque ésta «carece de vencimiento definido porque se trata de recursos propios similares a las acciones de los bancos», a partir del quinto año Caja Madrid, a su elección, podrá amortizar total o parcialmente la emisión, previa autorización del Banco de España. «En ese caso los títulos se amortizarán al cien por cien de su valor nominal, y los partícipes habrán obtenido, durante todo ese tiempo, una rentabilidad superior a la habitual para ese plazo», indicaban.
Los folletos incluían una prohibición expresa de «la difusión de su contenido» a personas ajenas a la entidad «por limitaciones impuestas por la CNMV», que prohibía la publicidad de la emisión en medios de comunicación, la web y en oficinas. «Esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes», especificaba.
Agregaban que la compra del producto constituía «una gran oportunidad» para «aquellos clientes que deseen obtener durante un amplio plazo de tiempo un rendimiento muy atractivo». Las recomendaciones insistían en la necesidad de garantizar la «seguridad» del producto, que contaba con «la garantía cien por cien" de la entidad. «Caja Madrid, cuarta entidad financiera nacional ha presentado en los últimos 30 años un historial creciente y sostenido de beneficios, incluso en épocas complejas como la actual», indicaba.
Los argumentarios incluían también respuesta a la probable inquietud sobre la bajada del rating. Así, reflejaba que los empleados debían comunicar que esta disminución de las calificaciones era común «a todo tipo de emisores, tanto empresas como entidades financieras». «En el panorama internacional el sistema financiero español destaca sobre todos los demás por su solidez y solvencia y, dentro del sistema español, Caja Madrid ocupa una posición destacada», añadía.
50.000 euros diarios
Uno de los folletos, elaborado para la dirección de la zona de Toledo, fijaba objetivos de venta y recomendaba a las oficinas grandes una venta de preferentes de 50.000 euros, a las medianas de 35.000 y a las pequeñas de 20.000. El objetivo era suscribir 29,7 millones de euros adicionales a las ganancias de la emisión de preferentes de 2004. Destaca entre los «aspectos clave a tener en cuenta» la «implicación» de sus empleados en la venta de las participaciones. «Todos debemos participar en la venta activa», decía. Ordenaba a los comerciales contactar «con todos los clientes carterizados».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió esta pieza separada del 'caso Bankia' sobre la comercialización de preferentes tras admitir a trámite cuatro querellas dirigidas contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis exconsejeros de la entidad y otros ocho altos cargos de este banco y de Bancaja, a los que aún no ha imputado formalmente. En sus autos, que han sido recurridos por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, el juez inicia la investigación por los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.