Pensiones: apropiación individual de las ganancias y socialización de las pérdidas
ECONOMÍA
El anteproyecto de ley sobre la reforma de las pensiones supone un nuevo hito en el rosario de incumplimientos de las promesas electorales del PP y la pérdida de la razón política a favor de la económica vulnerando normas y principios constitucionales. La reforma propone la introducción del factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual. El primero pretende adaptar el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados a su esperanza de vida, retrasando la edad de jubilación y elevando el tiempo de cotización. El segundo liga la revalorización de las pensiones a la evolución de los ingresos y gastos de la arcas públicas, pero desvinculando definitivamente su revalorización del IPC.
El Gobierno Zapatero introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones aplicándolo de forma escalonada hasta el 2027 a la jubilación a los 67 años, incrementando los períodos de cotización. Ahora el Gobierno Rajoy propone el adelanto de su aplicación al 2019, rompiendo con el concepto de solidaridad intergeneracional y endureciendo las condiciones de la personas que se van a jubilar en los próximos 6 años. Con el agravante de que otras disposiciones han elevado la edad y las condiciones para cobrar y cotizar mediante el subsidio para mayores de 55 años (antes 52) y han endurecido la jubilación parcial. Todo ello vulnera el principio constitucional de la seguridad jurídica, y supone modificar las reglas en medio del partido en el que se juega la jubilación del cotizante a la Seguridad Social y quiebra el principio de confianza entre el ciudadano y el Estado.
Pero más grave es la consideración de las pensiones como una mercancía. Analizada bajo parámetros de rentabilidad económica, se olvida que la Constitución establece que el régimen público de Seguridad Social ha de garantizar «prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad» con «pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (que garanticen) la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Y, como recuerda el Consejo Económico y Social, «las pensiones de jubilación revisten una importancia medular para la cohesión social [?]. El sistema público de pensiones español, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que lo caracterizan como de reparto, constituye el programa de rentas públicas con mayor potencia redistributiva».
Buscar el consenso
Tenemos en España 9 millones de pensionistas, que han visto decrecer el valor real de sus ingresos en el 2011 (se congelaron las pensiones), en el 2012 (solamente se revalorizaron en un 1 % cuando la inflación fue del 3 %) y en el 2013, cuando mermaron otro 1 % las superiores a mil euros y un 2 % las inferiores. La propuesta aprobada ayer supone incrementar como máximo el 0,25 % anualmente dependiendo de los ingresos de la Seguridad Social, lo que supone un empobrecimiento de millones de familias que ven cómo «sus contratos de seguro» con el Estado son unilateralmente modificados. Es una mera propuesta de reducción de gasto suprimiendo rentas de los más desfavorecidos sin que se adopten medidas de obtención de ingresos, ya por la vía de combatir el fraude fiscal, ya por la creación de empleo. Sindicatos y empresarios han solicitado al Gobierno la retirada del anteproyecto.
La adopción de medidas que afectan a millones de ciudadanos y de familias que dependen de estos ingresos tiene que someterse al debate y la búsqueda de soluciones políticas entre todos los agentes implicados. El Gobierno no puede patrimonializar el sistema público de pensiones, máxime cuando existe las sospechosa coincidencia entre los 33.000 millones que dice que van ahorrar con el nuevo sistema de pensiones con el importe del rescate bancario que hemos tenido que asumir como deuda pública.
Esta progresiva desposesión de bienes y derechos (ahorros, preferentes y subordinadas, tasas judiciales, becas, matrículas, recortes sociales, sanitarios, educativos ?) suponen una permanente transferencia económica de las clases medias y bajas a una oligarquía financiera internacional cada vez más poderosa que está produciendo un incremento alarmante de la desigualdad social y generando, subliminalmente, que el aseguramiento futuro de nuestros jóvenes se haga en fondos privados sin ninguna garantía o control, promoviendo la privatización del sistema en detrimento de la caja única.
Por eso nos encontramos ante una nueva apropiación de los beneficios por unos pocos y la socialización de las pérdidas por el conjunto de la ciudadanía. Principio básico del neoliberalismo que nos gobierna. Habrá que reaccionar.