Portugal plantea recortar las pensiones el 10 % y Francia sube los años cotizados hasta 43
11 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Envejecido como continente e inmerso en una crisis económica que ha disparado el paro y reducido los niveles de recaudación, Europa y quien la dirige, con Berlín a la batuta, han puesto el foco en la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, España ya ha formulado una propuesta que pasa por desligar su actualización del IPC -está por ver cuándo entra en vigor el llamado factor de sostenibilidad- y el Gobierno buscará ahora el consenso con los sindicatos para evitar un incendio social.
Francia vivió ayer una jornada de protestas por la reforma presentada por François Hollande, criticada por la derecha por blanda, y repudiada por la izquierda. Los cambios suponen un desplante a los planteamientos de la Comisión Europea, pero no han impedido que la sociedad gala salga a la calle. La principal modificación propuesta por el Gobierno galo es elevar a 43 los años necesarios cotizados para cobrar el 100 % de la pensión pública. El cambio se haría de forma gradual desde el año 2020 para alcanzar ese tope de 43 en el 2035. Ahora se sitúa en 41,5. Los franceses, que han descartado subir la edad de jubilación de los 62 años como proponía Bruselas, financiarán parte del déficit del sistema desde el año 2014, con un alza de 0,15 puntos en las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores.
Mucho más drástico parece el inminente ajuste al que se enfrentan algunos jubilados portugueses, que se enmarca dentro de las exigencias impuestas por la UE y el FMI en el rescate financiero. El Gobierno luso propuso ayer un nuevo plan de reducción de pensiones de trabajadores del Estado para el 2014 que implica recortes del 10 % en las retribuciones de más de 600 euros y una disminución de las jubilaciones anticipadas.
El proyecto, según el Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho, plantea un ahorro de unos 700 millones de euros en gasto público. Los recortes se aplicarían sobre las pensiones superiores a 600 euros concedidas hasta el 2005 y afectaría a unas 300.000 personas. Una vuelta de tuerca más en la inamovible doctrina de la austeridad y la reducción del gasto en un país azotado por la depresión económica.
Con distintos grados, de diferente forma, países miembros de la UE están acometiendo reformas en los sistemas públicos de jubilación, una de las grandes obsesiones de la troika. La reforma pendiente en España y lo que acontece en sus países vecinos abre el interrogante de qué es lo que realmente pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Bruselas parece entender que la causa está en que vivimos más años y han nacido menos niños. Pero la precariedad salarial y el paro, que no parecen detenerse con la estrategia de los recortes, generan menos cotizantes al sistema y aportaciones mucho más bajas.