Fernández Currás sugiere que el bipartito tuvo datos sobre el mal estado de las cajas

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

17 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La ex conselleira de Facenda Marta Fernández Currás, un actor institucional determinante en el proceso de fusión de las extintas cajas gallegas y que había excusado su presencia en la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido en esas entidades, ha remitido a la Cámara gallega un conjunto de respuestas a los preguntas de los diputados que avalan lo ya expresado por Feijoo en ese mismo foro.

La actual secretaria de Estado revela que en el traspaso de poderes en el 2009, el bipartito no entregó documentación que advirtiese del mal estado de las cajas y que en mayo, un mes después de llegar al poder, en una segunda reunión en Madrid con el Banco de España, se comunicó a la Xunta que los anteriores responsables de la consellería fueron informados de los graves problemas que atravesaban Caixa Galicia y Caixanova. Un argumento desmentido públicamente por el ex presidente Touriño y por el que fuera su conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio.

En el conjunto de sus respuestas, la ex conselleira asegura que, dado el nivel de deterioro de las entidades por la expansión del crédito inmobiliario, ninguna de las cajas podía continuar por sí sola, diagnóstico avalado por el Banco de España, y que ni Caixanova ni Caixa Galicia estaban en condiciones de liderar ninguna operación con entidades de otros territorios, una alternativa que las abocaba a desaparecer. Fernández Currás culpa del fracaso de la fusión al decreto del 2011 que impulsó el Gobierno de Zapatero y que elevó las exigencias de recapitalización al 10 %, lo que impidió que el proyecto de fusión siguiera adelante, tal y como estaba diseñado.

Almunia también contesta

Quien también ha remitido su respuesta por escrito al Parlamento gallego ha sido el comisario Joaquín Almunia, que sostiene que el Gobierno español ha avalado el plan de reestructuración bancaria diseñado por la UE, en el que se establecen unas quitas a las preferentes con el objetivo de capitalizar las entidades y evitar que el peso del rescate caiga sobre el resto de contribuyentes.