Mientras la plutocracia que nos ha venido gobernando estas últimas décadas pasó de un pacto de Estado sobre Europa -de papel mojado- a tirarse los trastes por ver quién se corrompió menos, nuestros agentes económicos siguieron marcando la pasada semana su hoja de ruta de cómo continuar por el túnel de la depresión económica. Los protagonistas fueron por enésima vez los bancos y, para variar, las eléctricas.
Los bancos fueron el centro del último dictamen que realizó la troika sobre el rescate financiero que necesitó pedir España para encauzar algo su situación, y fueron también nuestros bancos los que estuvieron en boca del presidente del Eurogrupo cuando dejó entrever que quizás no fuese ese el último rescate. Sobre todo después de que un día antes el FMI pronosticase que España seguiría en 2014 en recesión, es decir con una tasa de paro y otra de morosidad fuera de los límites de la credibilidad de un país.
Se atrevían a señalar que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las clausulas suelo agravaría esos riesgos. Unas clausulas que, como la no dación en pago, marcan el territorio de una abrumadora posición de dominio en contra del prestatario. Para compensar esa perdida, se habrán llevado una pequeña alegría al ver como nuestro Tribunal Constitucional paralizaba, a instancias del Gobierno, la ley andaluza de expropiación de viviendas fuera de uso, que también, según la troika, ponía en mayores riesgos a los bancos. Como al Gobierno aún no se le ocurrió que en todo este lío lo mejor sería rescatar las deudas hipotecarias de las familias menos solventes, continúa limitándose a trasferir descalabros bancario-inmobiliarios, a través de la Sareb o del rescate con deuda pública, al bolsillo de los contribuyentes.
Nuestros patrióticos bancos (que amedrentan a Juan Pueblo con la desastrosa banca pública o con la depravada banca extranjera), mientras fuerzan al endeudamiento público con una mano, con la otra se ofrecen generosos a suscribir deuda del Estado a unos buenos tipos de interés, subasta tras subasta, con el dinero que el BCE presta barato a los bancos pero no a los Estados. Y ya son sólo ellos los que se comen casi todo el pastel de los intereses que tenemos que pagar de forma prioritaria por mandato que ya es constitucional. De manera que de quitas o renegociaciones de la deuda pública, ni hablar.
En esas estábamos, cuando el Gobierno cerró la semana aprobando que buena parte del llamado déficit tarifario podrán las compañías eléctricas repercutirlo en los precios a los abonados o a los contribuyentes, un déficit que demuestra la incapacidad de todos los gobiernos para desentrañar las cuentas de la lechera de la energía en España, y que hasta ayer ya venían descontado en los bancos con el aval del Estado.
Unos y otros no dejan de anunciar, como el Gobierno de turno, brotes verdes a la vuelta de la esquina. No me extraña, yo así también los vería.