El Gobierno aprueba el marco «definitivo» del sistema eléctrico para recortar en 4.500 millones el déficit estructural del sistema
12 jul 2013 . Actualizado a las 19:12 h.El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que los peajes eléctricos subirán un 6,5% como parte de la reforma energética, lo que implicará un encarecimiento del 3,2% en el recibo final de la luz. Esta medida se inscribe en la reforma energética aprobada este viernes por el Gobierno, que parte de un escenario en el que la alternativa era «la quiebra del sistema» o subir la luz un 40%, y en la que el Gobierno «no se casa con nadie», indicó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma permitirá recortar en 4.500 millones el desequilibrio estructural del sistema eléctrico y repartirá su carga sobre consumidores, Presupuestos Generales del Estado (PGE) y empresas del sector.
De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 2.700 millones restantes procederán de los recortes de costes del sistema, imputables a las empresas.
Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz «más claro» para que «todos puedan entender la factura», al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. «No cambia de concepto», aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.
La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos «automáticos» en la parte de los ingresos.
En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.
Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.
En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de «bajo riesgo», la nueva retribución será del tipo del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una «rentabilidad razonable» del 6,5%.
La carga sobre instalaciones del régimen especial y del régimen ordinario se repartirá a partes iguales, mientras que el recorte al pago por capacidad implicará una reducción de 26.000 a 10.000 euros por megavatio (MW), al tiempo que se incrementa de 10 a 20 años el periodo de percepción.
Soria explicó que, de no haber tomado medidas el actual Gobierno, el déficit anual sería de 10.500 millones y, de corregirse con subidas del recibo, requeriría incrementos del 42%. Tras las medidas ya adoptadas, la corrección necesaria sería del 19% si todo el peso cayese sobre el consumidor.
España, explicó, es para los consumidores domésticos el país de Europa con la electricidad más cara, por detrás de los sistemas insulares de Chipre y Malta, mientras que en el caso de los consumidores industriales la luz también se sitúa «más que entre la mayoría de los competidores».
El recibo medio anual de luz en España ha pasado de 360 euros al año en 2003 a 588 euros anuales en 2011, lo que implica un incremento del 63%, aseguró el ministro, quien calificó de «grave» el problema del sistema eléctrico.
Al ser preguntado acerca de la posibilidad de que los producción de electricidad planteen pleitos y arbitrajes contra los recortes, Soria sostuvo que «están en su derecho», pero consideró que las medidas «traen causa de la doctrina del Tribunal Supremo» y que «el Estado tiene muchos resortes y herramientas para defender su posición».
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la reforma energética se adopta con la vocación de que el déficit de tarifa se solucione de forma «definitiva», mediante una fórmula en la que «no se cargue sobre el consumidor» todo el peso de las medidas, sino que se repartan de forma equilibrada.
La vicepresidenta indicó que, con la reforma, se pondrá «fin» a un déficit de tarifa, que es fruto de la diferencia entre los costes regulados e ingresos de la tarifa eléctrica y que, desde 2005, ha aumentado hasta alcanzar los 26.000 millones de euros.
«Este es el agujero que nos hemos encontrado en el sector, un agujero que no se ha conseguido paliar pese a que entre 2006 y 2011 la subida de la luz ha sido del 63%», indicó la vicepresidenta, quien añadió que no se cargará en exclusiva sobre el consumidor.