Las conciencias políticas se estremecieron por las verdades de los humildes

La Voz

ECONOMÍA

07 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La fortaleza de los afectados por las preferentes y sus exigencias para subsanar miles de injusticias tuvo mucho que ver en la constitución de la comisión de investigación. Casi todos los días se concentraron frente a la gran puerta del Parlamento, desde donde exigían, con bocinas, una solución para sus ahorros atrapados en unos productos híbridos que ahora sabrían describir perfectamente. Ante los señores diputados dijeron verdades como puños. Por ejemplo, que son munición para una pugna política sobre reparto de culpas.

Pero lo más relevante de la comisión es que un ex director de la CNMV en los años clave, Julio Segura, reconoció que su organismo había detectado en 2010 malas prácticas comerciales en la venta de preferentes. Pese a lo dicho por Méndez y Gayoso, los sindicatos y el fiscal superior de Galicia confirmaron que hubo orden de arriba de colocar el mayor número de preferentes a todos los clientes.

José María Castellano y César González-Bueno trataron el viernes «el gran problema del banco»: los 75.000 clientes con preferentes y subordinadas. Desde el primer día, confesaron, quisieron pagar a todos, pero no podían. Hoy ya tampoco pueden. Bruselas ha puesto las reglas, y tras duras y difíciles negociaciones, NCG ha conseguido alcanzar, a través de los arbitrajes, el mejor acuerdo de cualquier reestructuración financiera realizada en Europa. Lo solicitaron 58.000 clientes, de los que 38.000 habrán recuperado su dinero. Falta una solución para 37.000, que ya no tendrán opción a nuevos arbitrajes.

González-Bueno defiende que la mejor vía es el canje por acciones y luego optar por la liquidez que se ofrece a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Este camino no impide que con posterioridad acudan a los juzgados. Esa posibilidad no se acaba. El arbitraje ha supuesto para la entidad 500 millones, a los que hay que sumar otros cien millones del canje por depósito, otros 800 que aporta el Fondo de Garantía y otros 400 por el pago ya hecho por los intereses. El coste más elevado fue en reputación, y los mayores damnificados, los empleados con preferentes que no pueden recuperar su dinero vía arbitraje, no tienen asegurado su empleo y se ven insultados por la calle.

Pese a lo dicho por Méndez y Gayoso, había orden de colocarlas

Los afectados

reclaman que la vía del arbitraje se abra de una vez para todos