Galicia, País Vasco y Asturias se alían en defensa del «tax lease»

Almunia accede a recibir el miércoles a los representantes de las comunidades, tal y como solicitaron tras la reunión de hoy


Madrid

El Gobierno, las tres comunidades afectadas, Galicia, el País Vasco y Asturias, de distinto color político, y la patronal de los astilleros, escenificaron ayer su frente común con el que van a dar batalla a Joaquín Almunia para que reconsidere su propuesta de devolución de las ayudas fiscales recibidas entre el 2005 y el 2011 por el sector naval privado, que ascienden a unos 2.000 millones.

Tras la reunión que mantuvieron José Manuel Soria, Alberto Núñez Feijoo, Íñigo Urkullu, Javier Fernández y el presidente de Pymar, Álvaro Platero, dieron a conocer una declaración conjunta. Piden a Almunia que dé marcha atrás, basándose en «sólidos argumentos jurídicos», pero también «con la firme convicción de que la Comisión Europea no puede permitirse hundir todo un sector industrial de un estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo».

Para tratar de convencer al comisario de la Competencia, que se ha cerrado en banda, solicitaron reunirse con él urgentemente, lo que este aceptó. Será mañana miércoles en Bruselas y asistirán los que participaron ayer, con la excepción del socialista Fernández, que ha alegado un compromiso previo. Posteriormente, antes de que decida el colegio de comisarios el 17 de julio, celebrarán un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

Evidencia comparativa

Soria destacó tres elementos para sustentar su petición: la confianza legítima con que han actuado los astilleros, armadores e inversores, el principio de seguridad jurídica y la «evidencia comparativa» en referencia al caso de Francia, a la que no se exigió la devolución de las ayudas. El ministro dijo que si se lleva a cabo la propuesta «el efecto sería irreversible, irreparable en términos de empleo y de la industria naval española».

Feijoo puso en evidencia la «incoherencia» entre la apuesta por el empleo que hizo el último Consejo Europeo y la propuesta de Almunia que enviaría al paro a 87.000 personas, «algo que no entiende ningún ciudadano español ni europeo». Pero quiso dejar claro también que «el dinero que se está pidiendo no es de fondos europeos», sino una bonificación que el Gobierno español ha dado de acuerdo al ordenamiento tributario español desde hace muchos años. «Nadie puede ser sancionado por cumplir la ley de su país y aquí todo el mundo la ha cumplido», aseguró. También destacó que «no es ningún privilegio» que haya supuesto una «competencia desleal» con otros países, como prueba la crisis del sector naval español. Feijoo rebatió el argumento de Almunia, que ayer reiteró que los astilleros no tendrán que devolver nada. «Hay que ser más prudente y no decir que esto no afecta a los astilleros, sí los afecta, pues quedarían en una situación de práctica imposibilidad de volver a contratar un barco por la inseguridad jurídica que conlleva este borrador de resolución que espero que podamos corregir», afirmó.

Urkullu denunció que los astilleros «han tenido que vivir en la inseguridad jurídica» durante dos años, lo que les ha perjudicado gravemente. Fernández señaló que hay «argumentos económicos, sociales y jurídicos» para rebatir a Almunia. Platero dijo que los astilleros siempre han cumplido la ley y solo piden «igualdad de trato con otros países». Tras reunirse con Soria, los sindicatos CC.OO. y UGT solicitaron sumarse a la reunión con Almunia para defender «con una sola voz» al sector naval.

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