Almunia se cierra en banda y exige la devolución de las ayudas recibidas por el naval

Asegura que los astilleros están excluidos del reintegro, pero la patronal le advierte de que supondrá su desaparición


Madrid

La Comisión Europea decidirá el próximo 17 de julio sobre el «tax lease». Pero la decisión parece tomada. O, al menos Joaquín Almunia, no está dispuesto a dar marcha atrás a la propuesta que presentó al colegio de comisarios de exigir la devolución de las ayudas a la construcción naval, el llamado «tax lease». Así se lo dijo hoy a los representantes de la patronal Pymar, que representa a los astilleros privados españoles, en una reunión previa a su intervención en el Foro Nueva Economía en el Hotel Ritz de Madrid. Tras ese encuentro, su presidente, Álvaro Platero, admitió en privado a este diario que «no hay nada que hacer». Aunque en la rueda de prensa, señaló que están dispuestos a luchar hasta el final: «Es una decisión muy importante y muy difícil», señaló el comisario europeo de la Competencia. Pero dejó claro que las ayudas recibidas desde el 2005 al 2011 son «incompatibles con la legislación europea» y por tanto deben ser devueltas.

Almunia puntualizó que los obligados a hacerlo son los inversores y los navieros armadores que adquirieron los barcos. «Están clara y tajantemente excluidos de la devolución los astilleros que fabricaron los buques y los bancos y compañías de leasing que participaron como meros agentes financieros», afirmó Almunia. Explicó que el Derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato civil por lo que no cabe que los participantes en el sistema se pasen «unos a otros la posible responsabilidad de devolución». Remachó que «los astilleros están fuera de esa responsabilidad» y «nadie puede exigirles que se subroguen en la obligación de devolver las ayudas». Almunia aseguró que será el Gobierno el que deba concretar quiénes están obligados a devolver las ayudas del «tax lease», su cuantía y cómo va a ejecutar la decisión, que señaló es recurrible. Justificó su decisión diciendo que se limita a aplicar las normas europeas, como es su obligación con independencia del país de que se trate.

Alberto Iglesias, director general de la empresa viguesa Metalships, se levantó de su silla e interrumpió el discurso del vicepresidente de la Comisión Europea, recordándole a viva voz que Francia no tuvo que devolver las ayudas. Acto seguido, Platero hizo lo propio y le espetó: «Le he dicho en privado y le vuelvo a repetir en público que lo que usted está haciendo, la propuesta que lleva al colegio de comisarios, es el cierre inmediato de los 19 astilleros privados de España y el final de la construcción naval privada en España, no le quepa la más mínima duda». Almunia explicó que en el caso francés, por haber inseguridad jurídica hasta el 2005, no se exigió la devolución de las ayudas, que es la cláusula que propone aplicar a España por ese mismo período. En cuanto al cierre de los astilleros: «Espero que no se hagan realidad las previsiones del otro interviniente».

En una rueda de prensa posterior, los dirigentes de Pymar dijeron que la propuesta planteada por Almunia supondrá el fin de la industria naval privada española que da empleo a 87.000 personas. Ante esto, pidieron ayuda y unidad al Gobierno y la oposición para intentar reconducir una situación de la que culpan a Almunia. Platero dijo que si se aprueba la devolución, los astilleros privados se verían obligados de cerrar antes de un año. Los astilleros reclaman que se aplique a España el mismo trato que a Francia que no tuvo que devolver estas ayudas. La propuesta de Almunia fija que se devuelvan las ayudas recibidas desde el 2005 al 2011, lo que supone tener que devolver alrededor del 95 % de los 3.000 millones recibidos.

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