Las protestas e insultos de los preferentistas, que reclaman su dinero por considerarse estafados, protagonizaron la junta de accionistas del banco
25 jun 2013 . Actualizado a las 22:55 h.Los propietarios de participaciones preferentes y de deuda subordinada de Bankia que obtengan un laudo positivo en el arbitraje recuperarán su inversión antes de que termine el año. El plazo para solicitarlo se prolongará hasta el 15 de julio, a la vista del fuerte ritmo de peticiones, unas 4.000 por día.
De las 144.903 solicitudes registradas hasta el pasado viernes -sobre un total de 300.000-, la auditora KPMG -contratada como experto 'independiente' por el banco- ya ha emitido opinión en 45.000 peticiones. Su informe ha sido favorable al preferentista en 38.698 de ellas, lo que equivale que un 80% podrán recuperar su inversión. Pero este porcentaje no se puede extrapolar al conjunto. Lo comprometido es que la totalidad de los demandantes conocerán para el mes de septiembre sus posibilidades.
El presidente José Ignacio Goirigolzarri hizo estos anuncios al término de una junta de accionistas, celebrada este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, protagonizada por las persistentes protestas de decenas de inversores que solo quisieron ser ahorradores y que ahora se sienten estafados. De ellos, 130 pidieron hablar en el turno de ruegos y preguntas, más que en la asamblea anterior, aquella en la que, hace un año, Goirigolzarri expuso sus planes tras el rescate.
Desde entonces, BFA-Bankia ha presentado pérdidas por 21.238 millones en 2012; ha realizado dos ampliaciones de capital por un total de 24.500 millones en el grupo y traspasado los activos tóxicos del ladrillo al banco malo. Libre de estas cargas y reforzado, BFA ganó 213 millones y Bankia otros 72 millones en el primer trimestre de este año. Goirigolzarri reiteró en este sentido que en el conjunto de 2013 el beneficio ascenderá a 800 millones.
Accionistas a la fuerza
En la junta anual, la gran mayoría de los intervinientes se desentendieron de estos planes de futuro. El turno de preguntas lo coparon pequeños ahorradores para denunciar las pérdidas sufridas. Muchos expusieron al detalle las dramáticas circunstancias que atraviesan quienes invirtieron unos pocos miles de euros, los ahorros de toda una vida, y no han podido recuperar ese dinero en plena crisis.
Abundaron las descripciones de situaciones de paro prolongado, enfermedad crónica, familias que se han quedado sin ingresos... Casi todos se consideraron accionistas a la fuerza por el canje no voluntario realizado, e incluso una interviniente denunció que a su madre le había llegado la comunicación de que había adquirido tal condición después de haber fallecido.
«Si anteriores gestores de cajas fueron a la cárcel, prepárense ustedes», llegó a decir un airado preferentista. La protesta incluyó el acto de contrición de un antiguo empleado, que se reconoció «colaborador necesario con la gran estafa» al haber colocado productos financieros complejos entre ahorradores desinformados.
El rescate de Bankia con 23.000 millones de fondos europeos -a cargo de las arcas públicas españolas en forma de mayor déficit- exige que los propietarios paguen las consecuencias del desastre. Titulares de preferentes y de bonos subordinados han de demostrar que se produjo un engaño en la comercialización para recuperar la inversión «Nuestra idea es que para el último trimestre del año la Junta Arbitral de Consumo haya resuelto la práctica totalidad de los arbitrajes propuestos», concluyó Goirigolzarri.
Divididos, escaldados y desnudos
«Queremos nuestro dinero», fue la reclamación insistente que, acompañada de gritos, insultos y provocaciones, se hizo oír tanto en el exterior como en el interior de la junta de accionistas de Bankia. Los administradores escucharon la letanía de quejas y críticas de quienes hicieron uso de la palabra. También presenciaron la representación del accionista que se quitó la camisa y se bajó los pantalones. Se había quedado en calzoncillos, explicó, para mostrar que la actuación de los gestores le ha dejado «desnudo».
Del resto de protestas, al consejo de administración le llegaron los ecos. Siguiendo un modelo de junta parecido al que desarrolló Telefónica en tiempos de sus grandes ajustes, en el interior del Palacio de Congresos de Valencia se habilitaron cuatro auditorios, con capacidad total para unos 1.800 asistentes. Solo desde uno de ellos, con 700 asientos, se pudo seguir el desarrollo de la junta de forma presencial frente a los miembros físicos del consejo.
Mientras tanto, abundantes incidentes se reprodujeron en el acceso y en los pasillos del recinto. Buena parte de los convocados, repartidos en las otras tres salas ante pantallas de plasma gigantes, se concentraron en varias ocasiones para proferir gritos contra una gestión de la entidad -la que precedió al rescate- que les ha provocado grandísimas pérdidas, aunque también contra los nuevos administradores de la nacionalizada, enfrentándose al dispositivo de vigilancia.
En el exterior, unos cientos de manifestantes, convocados por la asociación de usuarios de banca ADICAE, el sindicato CGT y la Plataforma Stop Desahucios se concentraron para lanzar consignas. La Policía Nacional y un servicio de seguridad privado custodiaron el acceso al recinto.
Muy larga, aunque bien ordenada, fue la fase de ruegos y preguntas de la junta. El tiempo máximo de cada intervención era de cinco minutos estrictos, se estableció un turno numerado que permitía conocer de antemano el momento de la participación. Por eso, pese a la larga duración de la junta, que se prolongó desde las doce de mediodía hasta las seis de la tarde, pocos solicitantes de palabra renunciaron a sacar a la luz sus cuitas.