Se suprime la actualización de las pensiones con el IPC y sólo se congelarán en casos «excepcionales», como la actual crisis económica
08 jun 2013 . Actualizado a las 15:28 h.Los mayores de 65 años representarán el 37% de la población española en 2052 frente al 17% y el número de pensiones pasará de los 9 millones actuales a 15 millones. La generación del baby boom empezará a jubilarse a comienzos de la próxima década y provocará ese incremento de casi el 70% en el número de pensionistas, lo que es un riesgo que «puede impactar en la línea de flotación del sistema de pensiones públicas», según el informe definitivo del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad que entregaron este viernes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La propuesta introduce dos factores de corrección: en función de la esperanza de vida, y de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social. Y recomiendan al Gobierno que lo aplique lo antes posible, en todo caso en el periodo entre 2014 y 2019.
Los expertos insistieron en que las decisiones de cómo será el sistema las tomarán los políticos y que la aplicación del factor de sostenibilidad no tiene por qué suponer un recorte de las pensiones. Incluso señalaron varias vías desde el lado de los ingresos para moderar el impacto del aumento de pensionistas en la reducción de las pensiones futuras. Desde el aumento de cotizantes hasta la subida de tipos impositivos.
Se suprime la actualización de las pensiones con el IPC
El primer factor de corrección, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) calcula la pensión inicial de manera que sea menor cuando crezca la esperanza de vida. Con este sistema, aseguran, al final de la vida de retiro todos los pensionistas habrán cobrado igual. Según los cálculos de los expertos, la pensión inicial de los que se jubilen en 2051 será un 19,2% inferior a la del que se jubile este año. Sin embargo, también entran en juego otros elementos como la base reguladora que, si sube más que el recorte que provocará el FEI, permitiría que la pensión inicial aumente en términos reales. ¿Cómo puede subir la base reguladora? Porque suban los salarios o aumenten los años cotizados, por ejemplo.
A su vez, el Factor de Revalorización Anual (FRA) suprime la actualización de las pensiones con el IPC y lo liga a una fórmula que tiene en cuenta los ingresos y los gastos del sistema para que no se gaste más de lo que se ingresa. Este factor afectaría a todos los pensionistas, los actuales y los futuros, y permitiría subir las pensiones sólo cuando suben los ingresos, es decir, en épocas de crecimiento económico. Sin embargo, para corregir el efecto del ciclo económico en la revalorización de las pensiones se plantea considerar un total de 11 o 13 años (cinco o seis años por delante, el año en cuestión y cinco o seis años por detrás) de manera que se compensen unos a otros y sólo se refleje el componente estructural del sistema.
Una red de seguridad
La aplicación del FRA podría provocar una caída de la pensión; por eso, los expertos incluyen una «red de seguridad» para los pensionistas actuales, que no tienen capacidad de reacción ante el cambio en el sistema. Esta garantía consistiría en que las pensiones actuales no puedan disminuir nominalmente aunque la fórmula del factor de sostenibilidad determinara un recorte. Es decir, que en una situación económica complicada, donde los ingresos por cotizaciones sociales cayeran, la protección de los pensionistas consistiría, en el mejor de los casos, en congelarles las pensiones. Nominalmente no bajarían, pero perderían poder adquisitivo. Rafael Domenech, del servicio de estudios del BBVA y uno de los miembros del comité, consideró que sólo habría que volver a congelar las pensiones en «situaciones excepcionales de crisis». Para los pensionistas futuros no habría ni siquiera esta protección.
Lo que sí es previsible, admite el informe, es que la ratio de la pensión media sobre el salario medio disminuya. Es decir, que la pensión represente cada vez un porcentaje menor del último salario que se estaba percibiendo antes de jubilarse.
El factor de sostenibilidad alertará de los riesgos del sistema, pero los expertos resaltaron que para que jubilarse no empobrezca más de lo que ya ocurre ahora, hay varias soluciones, entre las que deberán optar los políticos: aumentar el número de cotizantes incentivando la prolongación de la vida activa o reduciendo el desempleo o atrayendo flujos migratorios; aumentar los tipos impositivos, incrementar el porcentaje de los salarios que constituye la base de cotización o aportar ingresos adicionales al sistema de pensiones; o aceptar la disminución de la ratio de la pensión media sobre salario medio. Y aquí es donde incluyen los planes de pensiones privados al señalar que las pensiones públicas «podrían complementarse con ingresos procedentes de su ahorro privado». En el comité de expertos se encuentran Miguel Ángel Vázquez, jefe del servicio de estudios de Unespa, la patronal del seguro; dos colaboradores habituales de Unespa: Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología, y Rafael Doménech.
A su vez, José Ignacio Conde-Ruiz es miembro de un grupo asesor de la aseguradora Aviva, y Manuel Lagares fue consejero de Mapfre