Gusta a los ecologistas, gusta a los partidos de uno y otro color, gusta al Gobierno central y al autonómico, gusta a Damanaki e incluso Rodust no le hace ascos... Todo sería liso y llano si no fuese porque disgusta, no gusta, al sector, que es, en definitiva, el que tiene que hacer los malabarismos para, de la noche a la mañana, pasar de tener que tirar pescado por la borda por imperativo legal a tener que meter en las bodegas todo lo que capture aún a riesgo de agotar prematuramente unas cuotas que no se acaban de abolir. Esa, el que se ha perpetuado el sistema de gestión a través de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas y que no se ha siquiera cuestionado el principio de estabilidad relativa -clave fija de reparto de esos cupos-, es una de las críticas que hace tanto la patronal pesquera, Cepesca, como el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, que admite que «como gallegos y españoles hubiéramos deseado ir más lejos», pero cree que se alcanzará el objetivo de la sostenibilidad.
Mar, con toda la cautela a la que obliga conocer el acuerdo solo de oídas y a través de terceros, hace una valoración positiva, puesto que «recolle os principais aspectos demandados por Galicia». Como que el rendimiento máximo sostenible (RMS) se impondrá en el 2015 cuando sea posible y, si no, en el 2020, que se flexibilicen los descartes y, sobre todo, que se fije un trato especial para la pesca costera artesanal. Ahora bien, ahora falta que se defina un fondo económico adecuado para poder aplicar las nuevas normas.
En Madrid también están satisfechos. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, considera que la reforma «va a traer para España grandes cambios en la forma de pescar, pero también beneficios como la ruptura del principio de estabilidad relativa». Y es que Domínguez entiende como tal el hecho de que se permita descargar especies para las que España no tiene cuota, aunque, para hacerlo, tendrá que descontar las toneladas de aquellas que sí tiene.
También ha habido aplausos al acuerdo tripartito por parte del PPE, con Carmen Fraga a la cabeza, que se tiene por la responsable de la aproximación conseguida entre la radicalidad de las propuestas originales y el terreno real que pisan los pescadores. Fraga, a la que en su día la Eurocámara tumbó una enmienda pactada con el sector para flexibilizar la prohibición de los descartes, se mostró satisfecha de que el espíritu de ese texto esté plasmado ahora en la reforma. «Ya dije entonces que se había perdido una batalla pero que ganaríamos esta guerra. Y así ha sido», sentenció.
Pero al sector no le parece suficiente. Cepesca considera que la nueva política de descartes «producirá sacrificios adicionales e innecesarios a la flota española, al no tener en cuenta la composición real de sus capturas» y lamenta, además, que no se haya introducido un sistema de gestión basado en derechos de pesca transferibles (ITQ) y que la toma de decisiones siga estando centralizada.