Finlandia constata abusos laborales en las plantas conserveras tailandesas

La primera ronda de negociación para firmar un acuerdo comercial con la UE arrancó en Bruselas

El derrumbe de barreras arancelarias para Tailandia supone una amenaza para la conserva gallega.
El derrumbe de barreras arancelarias para Tailandia supone una amenaza para la conserva gallega.

redacción / la voz

Lo barato sale caro ('Cheap has a high price'). Finnwatch, una organización no gubernamental finlandesa, ha constatado que el ahorro para el bolsillo del consumidor que supone elegir una marca blanca de atún que se ha procesado en factorías tailandesas resulta caro en términos sociales. Claro que en momentos de crisis económica, el consumidor, más absorto en el precio, no está para intuir, al abrir esa lata, los abusos laborales, «el tráfico de personas, el trabajo infantil, los bajos salarios y otras violaciones graves» que la oenegé tailandesa, que ha desarrollado un trabajo de campo dirigido por Andy Hall, experto en inmigración en la Universidad de Mahidol (Tailandia), ha comprobado que existen tanto en las procesadoras de túnidos como en las que fabrican bebidas de piña de ese país asiático que comercializan sus productos en toda Europa.

El trabajo se ha plasmado en el informe Lo barato sale caro, que denuncia que la mayor parte de la mano de obra son inmigrantes de Camboya y Birmania, a los que se les confisca el original del permiso de trabajo y se le da una copia; que para poder empezar a trabajar deben pagar elevadas tasas (entre 1.500 y 4.000 bath, de 40 a 100 euros) cuando cobran el salario mínimo (desde noviembre establecido en 300 bath), y que incluso deben hacer largas colas para ir al lavabo y aguantar acusaciones de que se demoran premeditadamente.

Eso cuando no se cuelan en el trabajo niños de entre 14 y 17 años, que engañan a las empresas con pasaportes falsos, y que trabajan en las líneas de limpieza de túnidos cuando, según la legislación tailandesa, no pueden trabajar menores de 15 años y nadie con menos de 18 puede realizar trabajos de excesiva dureza.

En las alegaciones de las compañías examinadas (Tai Union Manufacturing, líder a nivel mundial, y Unicord Public) señalan que es difícil controlar esos engaños, señalan que las tasas no las cobran las compañías, que pondrán más lavabos, niegan discriminaciones y abusos y se comprometen a mejorar las condiciones de unos trabajadores muchos de los cuales desconocen el término sindicato.

Arma de presión

Ni que decir tiene que la constatación de los abusos laborales serán un elemento más en la cruzada de las conserveras gallegas para impedir que la Unión Europea derribe todas las barreras arancelarias al atún de Tailandia. Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco, explicó ayer que, «evidentemente», este informe se hará llegar «a la Comisión Europea y a las Administraciones española, portuguesa y la de otros productores comunitarios» para que en la negociación del acuerdo de libre comercio -cuya primera ronda se celebró ayer en Bruselas- se excluya el atún del listado de productos que podrán entrar en el mercado europeo libres de aranceles y que se le obligue a cumplir las reglas de origen. Porque Anfaco insiste: «Tailandia es un país altamente competitivo para las conservas y preparados de pescado y no necesita, por tanto, preferencias arancelarias para su exportación a la UE». Y lo es no solo por sus ventajas laborales, sino porque se encuentra cerca de la materia prima y, además, se beneficia ya de una rebaja arancelaria del 3,5 %. Que se derribe esta última barrera podría arrastrar al sector conservero gallego, amenazando a casi 12.000 empleos.

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