El fiscal pide para el exsecretario de la CEG cuatro años de prisión

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Sánchez Sostre se enfrenta también a una multa de 2 millones de euros

25 may 2013 . Actualizado a las 10:31 h.

La grave crisis financiera y de imagen que salpicó a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en el año 2000, un escándalo en el que se destaparon graves irregularidades en cursos de formación y un agujero financiero de 6,3 millones, parece despertar de un incomprensible letargo judicial. Casi trece años después, acaba de cerrarse la instrucción. El fiscal pide para Rafael Sánchez Sostre (exsecretario de la patronal y mano derecha del ya fallecido expresidente Antonio Ramilo) cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía pide también apertura de juicio oral contra representantes de varias empresas que, en connivencia con el secretario de la patronal, habrían utilizado fondos públicos destinados para cursos que luego, presuntamente, fueron desviados para beneficio patrimonial mediante facturas infladas o dobladas, o mediante el sobrecoste de los servicios. Se trata, concretamente, de José Luis Gómez Ferreño y Belén Carmona Scholling, representantes legales de Acro Consultoría y Formación y de Cares Marketing y Comunicación, para quienes el fiscal solicita dos años de prisión y multas, respectivamente, de 500.000 euros; también se demanda la apertura de juicio oral contra Antonio Manuel Ramos Pedreira, socio de Acro Consultoría, al que se le piden dos años y una multa de 500.000 euros; Carlos Saez de Santamaría, representante legal de Técnicas de Formación, que se enfrenta a dos años y 300.000 euros de multa; Fernando Rodríguez López y Encarnación Martínez, de Equipo Siete Consultores, a quienes se les solicitan dos años y 240.000 euros de multa; y José María Agasallo Dapena, administrador único de DEO, quien se enfrenta a dos años y una multa de 50.000 euros. Por último, el representante legal de otras tres sociedades implicadas en el escándalo -Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97 - también afronta una pena de dos años y 400.000 euros de sanción.

En el escrito de acusación donde se piden multas y penas de prisión para nueve personas -ninguna pertenecientes al antiguo equipo directivo de la CEG cuando la presidía Ramilo, salvo el propio secretario- el fiscal se refiere a cursos no celebrados que recibieron la correspondiente subvención y costes excesivos en manuales didácticos, profesorado y aulas. Excesos contables, sostiene, que permitieron a los imputados apropiarse de fondos para incorporarlos a su patrimonio. Con este escrito de acusación de la Fiscalía culmina la instrucción de un caso abierto el pasado julio, y tras la denuncia interpuesta doce años atrás por Antonio Fontenla, actual presidente de la CEG y quien sucedió a Ramilo.