Esto supondrá, según el sindicato, un recorte de entre el 18 y el 22 % de su pensión futura
25 may 2013 . Actualizado a las 21:23 h.CCOO ha denunciado hoy que el Gobierno ha dado instrucciones para que los nuevos demandantes del subsidio por desempleo para mayores de 55 años sean obligados a jubilarse anticipadamente a los 61 años, lo que les supondrá un recorte de entre el 18 y el 22 % de su pensión futura.
En una nota de prensa, CCOO afirma que ayer el Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, envió unas directrices por las cuales desde el próximo lunes a quienes soliciten la ayuda para mayores de 55 años se les comunicará que deberán jubilarse anticipadamente y de forma obligatoria a los 61 años.
Según CCOO, a la persona que, a partir del lunes, se le apruebe la percepción del subsidio se le informará de que su edad de jubilación será la primera posible, «es decir los 61 años».
Bajada de la pensión de jubilación
La aplicación de esta medida supone que se puede perder sobre la futura pensión de jubilación una cantidad que varía entre el 18 % y el 22 % basándose en si es un despido colectivo o por causas objetivas, de acuerdo con los cálculos de CCOO.
El sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo alerta de que a esa reducción hay que sumar el «recorte» que ya se ha producido con la modificación de la base de cotización incluida en el subsidio, que se ha visto reducida del 125 % de la base mínima (941 euros) al 100 % de la base mínima (753 euros).
Además, se pasa a tener en cuenta las rentas de la unidad familiar, lo que conlleva que una pareja en la que uno de los miembros cobre 968 euros y el otro esté en situación de desempleo no podrá acceder al subsidio para mayores de 55 años y por tanto también perderá las cotizaciones para la posterior pensión de jubilación.
Por ello CCOO considera que, «una vez más, haciendo valer la máxima de 'en caso de duda, se deniega', se decide sin criterio en contra de los parados».
Reducir el presupuesto
El «único objetivo» que ve el sindicato en esta decisión es reducir el presupuesto del Estado en materia de prestaciones, sin tener en consideración las necesidades de las personas.
«Con estas medidas se castiga a las familias de rentas más bajas y se dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo a lo largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo», resalta el sindicato.