Sin ninguna duda, la economía sumergida es uno de los grandes problemas económicos del país con muchos efectos transversales: desde la fiscalidad a la competencia empresarial desleal pasando por las condiciones laborales o la sostenibilidad de los sistemas públicos de protección social. Dado su carácter oculto es muy difícil cuantificar sus efectos económicos e incluso establecer la forma en la que se realiza. Todo son estimaciones, hipótesis y suposiciones.
En mi opinión la tipología fundamental de la economía sumergida es la de la ocultación de una parte de los ingresos y de los pagos de empresas legalmente establecidos. Esto es, en su inmensa mayoría no son empresas o personas físicas que realizan toda su actividad en negro, sin estar de alta, sino que siendo legales ocultan una parte de su actividad. Fuera de las actividades ilegales o de la prestación de algunos servicios personales en los hogares, desde limpieza a clases particulares, la ocultación parcial es la tipología básica de la economía sumergida en España.
Mucho más difícil es cuantificar esa parte de la actividad no declarada y que tiene como objeto esconder ante Hacienda y la Seguridad Social ingresos y pagos. O dicho de forma más directa, no declarar todas las ventas para eludir el IVA y el Impuesto de Sociedades o el IRPF y pagar una parte en negro a sus empleados para no cotizar a la Seguridad Social.
Existen diferentes metodologías para estimar que parte de la actividad productiva del país está sumergida, desde las encuestas a los estudios de campo o la utilización de aproximaciones indirectas (billetes de 500 euros, consumo eléctrico...). De entre ellas hay una que es simple, precisa y además se concentra en uno de los efectos más negativos del fenómeno: la pérdida de ingresos de las administraciones públicas.
El método es simple. España tiene, y más en el 2012, una estructura impositiva similar a la media europea, porque tenemos las mismas figuras tributarias y los tipos impositivos de cada una de ellas (IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, Cotizaciones...) están incluso por encima de la media. Siendo esto así, el resultado lógico sería que los ingresos públicos en nuestro país, expresados como porcentaje del PIB, fuesen similares a la media europea.
Pero no. En nuestro caso esto no sucede. Los ingresos públicos en España equivalen al 36 % del PIB mientras que la media europea es del 46 %. Con los mismos impuestos y con tipos similares, las administraciones públicas españolas recaudan 10 puntos menos que la media europea (y 15 puntos menos que Francia y 19 menos que Dinamarca).
Y este diferencial de 10 puntos en la recaudación fiscal nos aproxima a la cuantificación de la economía sumergida en nuestro país. Porque aceptando el consenso de que el valor medio de ocultación fiscal en Europa está entre el 10 y el 15?%, en nuestro país estaríamos entre el 20 y el 25 % de actividad económica sin tributación.
Los efectos fiscales de esta ocultación son determinantes para explicar las insuficiencias de nuestro estado del bienestar antes de la crisis y del déficit público ahora. Con un PIB de 1 billón de euros que tiene España, los 10 puntos de PIB que recaudamos de menos que la media europea equivalen a 100.000 millones de euros cada año.
Esto es, si en nuestro país la economía sumergida se situara en la media europea no tendríamos déficit público, no harían falta ningún tipo de recortes e incluso habría margen para mejorar los servicios públicos y la protección social.
En la explicación de porque en esta también somos diferentes hay razones concretas que tienen que ver con las normas tributarias, con la voluntad real de luchar contra el fraude o el funcionamiento y los medios con los que cuenta la Agencia Tributaria. Pero hay algo más de fondo y es la falta de cultura fiscal en la ciudadanía, que cumple con sus obligaciones más por el miedo que por el convencimiento de la necesidad de la fiscalidad. Algo que está directamente relacionado con lo reciente que es en términos históricos el sistema fiscal español, que nace en 1978 con la democracia, porque en la dictadura no había ni impuestos ni servicios públicos dignos de tal nombre.