El Gallego, primer banco que se enfrenta al FROB ante la Justicia

Presenta un contencioso, y su antiguo mayor accionista denuncia trato ilegal a la entidad


redacción / la voz

La atípica nacionalización del Banco Gallego, que terminó en su subasta y adjudicación por 1 euro al Sabadell, provocó en su día un monumental enfado de varios consejeros y accionistas que ya se ha traducido en acciones legales. El banco ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el FROB, el poderoso fondo de reestructuración bancaria que propició la venta del Gallego. Este recurso, presentado ante la Audiencia Nacional el 20 de febrero, se ha conocido ahora, cuando el Gallego ha presentado sus cuentas anuales y detalla ese procedimiento judicial. No es el primero que recibe el FROB: accionistas de NCG que perdieron todo su dinero, y también otros del Gallego a los que le pasó lo mismo, han emprendido acciones legales. Pero es la primera vez que un banco como tal da ese paso. Al menos, que haya trascendido. El fondo de rescate, por ahora, no ha contestado.

Los motivos que aduce la cúpula del Banco Gallego para presentar ese recurso están en el traspaso de activos tóxicos a la Sareb (el llamado banco malo). En diciembre, los bancos que habían recibido ayuda pública se vieron obligados a desprenderse de determinados inmuebles y créditos vinculados al ladrillo y vendérselos (con un considerable descuento) a la Sareb. El Banco Gallego no había recibido un euro público, pero se le metió en el mismo cesto porque su principal accionista, con el 49 % de la sociedad, era NCG, un banco nacionalizado.

Ese traspaso de activos a la Sareb, según explica el banco, «incurrió en un error al incluir diversos activos inmobiliarios de las sociedades del grupo Gest Madrigal y Verum Inmobiliaria que no eran procedentes de adjudicaciones o daciones en pago, y por tanto no se engloban en el perímetro establecido» por el real decreto que regula la Sareb. Junto al Banco Gallego, el contencioso también lo suscriben precisamente Gest Madrigal y Verum, dos divisiones inmobiliarias del banco.

En su escrito sostiene que ese traspaso de activos le ocasionó un quebranto al banco de 43 millones de euros. La entidad cerró el 2012 con pérdidas de 386 millones. Adicionalmente, el banco sostiene que los porcentajes aplicados para determinar los precios a los que se vendieron los activos a la Sareb «no se ajustan a las previsiones legales, dando lugar a unos valores sustancialmente inferiores a los valores de mercado».

En el fondo de este proceso judicial subyace el profundo malestar de la dirección del banco con el FROB por haber sido tratado como un banco nacionalizado más, sin haber recibido dinero público hasta su subasta (en el proceso de ampliación de capital y venta se le inyectaron finalmente 325 millones de euros). Hay que recordar que la cúpula directiva del Gallego que ha decidido dar ese paso legal sigue siendo la misma, no ha sido relevada, pese a la nacionalización y venta.

Un ejemplo del malestar interno lo expresa en el informe anual Epifanio Campo. Hasta que el FROB se hizo con el 100 % del banco (en marzo del 2013), este empresario era el máximo accionista particular, con el 11,5 %. Campo se negó a firmar las cuentas del 2012 denunciando, entre otros puntos, que ese traspaso a la Sareb era «un acto ilegal», y advirtiendo que al Gallego se le había aplicado un régimen legal, el de la reestructuración financiera, «por el mero hecho de tener como accionista a NCG».

Campo, junto a otros empresarios, perdió todo lo invertido en el Gallego cuando el FROB como accionista mayoritario acordó, en enero del 2013, reducir a cero todo el capital y proceder a una ampliación a la que solo fue el fondo de rescate, con lo que la entidad quedó nacionalizada por completo. La inmensa mayoría de los inversores particulares han recurrido esa decisión.

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