Los Veintisiete dan una vuelta de tuerca más a la política de descartes

Reducen del 7 al 5 % el porcentaje de capturas que podrán ser devueltas muertas al mar

c. porteiro
redacción, bruselas / la voz

A las seis de la madrugada de ayer, el ministro irlandés de Pesca, Simon Coveney, obtuvo por fin el visto bueno de los 27 (26, porque un país no apoyó el texto) para «cruzar la acera institucional» y presentar a la Eurocámara las nuevas líneas rojas del Consejo para aprobar la nueva política común de pesca. Límites que suponen una nueva vuelta de tuerca para el sector pesquero español, según la patronal Cepesca, por más que el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, llegase a Madrid jaleando que «España ha logrado evitar la paralización de parte de su flota por la prohibición de los descartes», en alusión a unos 40 barcos de Gran Sol a los que el ochavo y otros pelágicos de difícil conservación a bordo amenazan con consumir rápidamente la cuota al tener la obligación de descargarlos.

Más rigidez

El sector gallego se encargó rápidamente de enfriar su entusiasmo. Si ya con el pacto alcanzado en febrero, que permitía devolver al mar el 9 % de las especies los dos primeros años hasta llegar al 7 % definitivo, la flota calculaba que tenía sin cubrir unas 10.000 toneladas y, por tanto, tendría que amarrar en septiembre, «más difícil lo tendrá ahora si esa flexibilidad se rebaja al 7 % durante los primeros años para acabar en el 5 %», explicó José Ramón Fuertes, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi). Esto es, que el acuerdo «no asegura la supervivencia de la flota» y, a juicio de Fuertes, no lo hará mientras no se modifique el sistema de TAC (totales admisibles de captura) y cuotas por otro de gestión del esfuerzo pesquero.

El Consejo no solo ha cedido en el porcentaje de los denominados mínimis, a los que, además, se tendrá acceso, al igual que a las ayudas estructurales, si se cumple lo estipulado en los planes de descartes. También ha endurecido su objetivo de gestionar las pesquerías atendiendo al rendimiento máximo sostenible (RMS). En este aspecto se mantiene la fecha del 2020, pero solo para alcanzar la biomasa que marca el RMS, puesto que el parámetro de la mortalidad por pesca que impone ese criterio tendrá que alcanzarse ya en el 2015.

Punto de partida

El calendario de entrada en vigor de la obligación de desembarcar todo lo que se pesque se ha retrasado, pues comenzará a aplicarse el 1 de enero del 2015. Aunque la decisión no se ha tomado para dar un respiro a la industria, sino por la imposibilidad material de dejar preparados los reglamentos para que la política de descarte cero pueda entrar en vigor el año que viene. Ahora bien, el irlandés Coveney dejó claro que no hay problema porque un país decida aplicarlo ya antes. Y una cuestión que ha sobresaltado sobremanera al sector. Va a haber que adaptar la flota a los recursos que hay en el mar y el órgano que decidirá qué barcos sobran y cómo están los recursos será la Comisión; esto es, Maria Damanaki y su equipo. Esta, ayer animó a alcanzar un acuerdo lo antes posible y a ir preparando a la industria y a los pescadores para adaptarse para un cambio radical.

El Consejo ya ha cedido. Ahora le toca a la Eurocámara, porque «yo no puedo volver a llamar a la puerta del Consejo para pedir un nuevo mandato», explicó el ministro irlandés de Pesca.

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