Una guerra que se centra en una provincia con un grupo muy combativo en el sector
ECONOMÍA
Que los sabotajes a camiones, dentro de la guerra de precios que impera en el sector, se centren en la provincia de Lugo tiene una explicación. De allí partieron las convocatorias de paros patronales más virulentas. La del 2008, cuando era presidente de la Plataforma en Defensa do Transporte Manuel Núñez, que falleció hace unos años, paralizó España. Miles de camiones llegaron entonces a las puertas de Madrid, después de que se fueran descolgando por el camino otras organizaciones patronales, a medida que se iban firmando acuerdos. Núñez convocó otro paro en el 2009, con la misma reivindicación, que seguía vigente: precio justos. Sus escasas repercusiones lo obligaron a dimitir. La plataforma hoy día está escindida en dos corrientes, una de ellas, al parecer, con planteamientos radicales.
¿Por qué ahora en Lugo?
Lugo tiene concentración de industrias lácteas de peso, con varias plantas de Lactalis repartidas por la provincia y con las fábricas de Leite Río. Todas ellas mueven un importante volumen de mercancías. El grupo francés, que entregaba sus cargas a una cooperativa lucense de autónomos, ha dado entrada hace poco a grupos que operan a nivel nacional y que, según fuentes consultadas, trabajan más barato. El problema, en esta ocasión y al menos de momento, no afecta a Leite Río, que en junio del pasado año sufrió el bloqueo de sus fábricas de O Ceao por parte de la Plataforma do Transporte. El conflicto supuso un varapalo para la organización convocante, dado que el industrial Jesús Lence expulsó de su fábrica a siete camioneros después de que algunos vehículos que trabajaban para él sufrieran daños.
¿Por qué existe guerra de precios?
Por la escasez de cargas que ha llevado al sector a trabajar por debajo de costes. Fuentes consultadas señalaron que algunas cargadoras contratan a autónomos españoles, rumanos, búlgaros y de otras nacionalidades que aportan la cabeza tractora. El resto, junto con la mercancía, lo pone la cargadora, que abona 0,65 euros por kilómetro recorrido y factura a finales de mes. La crisis, según las mismas fuentes, ha llevado a algunos trabajadores de empresas que han echado el cierre a comprar las cabezas de segunda mano y a tirar los precios en su intento de incorporarse al mercado.
¿Solo son los precios?
También existen otros motivos para el malestar. Los transportistas aseguran que el problema no son solo los precios de las cargadoras. También las pretensiones de algunas de las empresas a las que van destinadas las mercancías. Exigen, por ejemplo, que el chófer descargue el camión e incluso que sea él mismo quien maneje la máquina de mover los palés. Esos abusos se refieren también a las horas de espera para poder dejar las cargas, que inciden en los tiempos de conducción y de descanso. El presidente de Fegatramer advirtió que, si se están produciendo estas prácticas, los únicos que pueden frenarlas son los transportistas, con la ley en la mano.
¿Hay chóferes que cobran 600 euros?
El presidente de Fegatramer asegura que no. Y mantiene que, si los hay, lo que hay que hacer es denunciar a las empresas. Según dice, no se trata de un caso de competencia desleal, sino de fraude de ley, dado que es un cantidad muy inferior al salario base.