La denuncia que envió la Fiscalía al juzgado salpica al sindicato CIG
27 abr 2013 . Actualizado a las 06:00 h.Si lo que firmaron decenas de afectados por el Prestige al pie de una denuncia presentada ante la Fiscalía fuese cierto, estaríamos hablando de un caso de corrupción en el que los responsables de gestionar las subvenciones se habrían repartido millones de euros a su antojo, dándole dinero a muertos, a mujeres que jamás trabajaron en la mar o, directamente, metiendo un buen pellizco de las ayudas en sus bolsillos.
Se habla de 80 millones. Pero no tiene por qué ser cierto, según los denunciados, pues en los últimos 10 años han sorteado todas cuantas acusaciones han vertido contra ellos, que no fueron pocas. Ni el Juzgado de Instrucción número 5 de Carballo, ni los fiscales, ni el Tribunal de Cuentas, ni Anticorrupción han dado curso a las quejas de los marineros que se preguntan por el destino de los fondos procedentes de ayuntamientos de toda España, particulares y famosos que participaron en galas benéficas. Hasta cuentan que nada se sabe de un coche que le tocó al exdeportivista Diego Tristán en un Teresa Herrera y que lo donó a los afectados del Prestige.
En el punto de mira se encuentran Evaristo Lareo, expresidente de la Fegacope y de la comisión de afectados por el Prestige y la Fundación Océano Vivo; Manuel Cao, patrón mayor de la cofradía coruñesa; Paulo Carril, secretario comarcal de la CIG en A Coruña; Luis Dopico, representante del sector de bajura, y Joaquín San Miguel, por parte de los percebeiros. Todos ellos serán llamados a declarar en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña, que es la sala a la que la Fiscalía remitió las actuaciones por si los citados pudiesen haber incurrido en delitos de apropiación, malversación o falsedad documental. Por lo de pronto, lo que dice uno lo dicen todos, que nada tienen que ver con esas acusaciones, que fueron muchos los que investigaron hasta ahora sin encontrar nada y que del primer al último céntimo que entregaron en ayudas está justificado.
Desde la plataforma en defensa del sector marítimo pesquero de Galicia, que apoya a los denunciantes, se afirma que son 80 millones de euros los que han desaparecido. Dicen tener pruebas, como las esquelas de personas que han cobrado ayudas o una carta del exalcalde coruñés Francisco Vázquez, en la que les aseguraba que Loterías y Apuestas del Estado había otorgado 21 millones a los afectados. Esta semana, IU preguntó por todo esto en el Congreso.