Un informe de la CNMV estrecha el cerco judicial a las preferentes

Jorge Murcia MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

<span lang= es-es >Gayoso esquiva a los afectados.</span> El exdirectivo se adelantó y firmó varios días antes en el juzgado de guardia, evitando a los preferentistas que ayer lo esperaban en los juzgados.
Gayoso esquiva a los afectados. El exdirectivo se adelantó y firmó varios días antes en el juzgado de guardia, evitando a los preferentistas que ayer lo esperaban en los juzgados. M. MORALEJO< / span>

Querella contra Caja Madrid, Bancaja, Bankia, Segura y Fernández Ordóñez

16 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Se estrecha el cerco sobre las participaciones preferentes, un producto financiero que ya centraba infinidad de demandas civiles, pero que ya invaden la competencia de lo penal. El informe secreto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desvelado el pasado jueves, en el que se reconocía la existencia de prácticas ilegales por parte de diversas entidades financieras (fundamentalmente Caja Madrid, Bancaja y posteriormente Bankia-BFA) en torno a estos productos, ha servido de base a partidos políticos, consumidores y otras plataformas de afectados para la presentación de una batería de demandas. La última querella la ha interpuesto ante la Audiencia Nacional la formación política UPyD, que apunta a estas entidades y a cinco responsables directos de la comercialización de estos productos. Pero también al antiguo presidente de la CNMV, Julio Segura y al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.

UPyD acusa a las cajas de diseñar y comercializar preferentes, «conscientes de que se trataba de un producto tóxico». A Segura y Fernández Ordóñez, como máximos responsables de la CNMV y el Banco de España, les asigna el papel de «cooperadores necesarios, que autorizaron y encubrieron la trama delictiva».

La querella de la formación política añade una nueva perspectiva al caso: la inexistencia de un verdadero mercado que sirva de intercambio para este tipo de productos.