La banca se adjudicó las casas de casi 600 familias gallegas durante el 2012

Redacción / La Voz

ECONOMÍA

Durante el 2012 se iniciaron en España 65.778 procedimientos sobre vivienda

12 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El Colegio de Registradores emitió ayer el informe más preciso de cuantos se han elaborado hasta la fecha sobre viviendas afectadas por las ejecuciones hipotecarias en España. Según los registradores, durante el 2012 se iniciaron en España 65.778 procedimientos sobre vivienda y se concluyeron 38.976 procesos con la adjudicación del inmueble por parte de las entidades financieras. Estas cifras matizan la estadística del Consejo General del Poder Judicial al excluir otros inmuebles (oficinas, locales comerciales, garajes, fincas rústicas o urbanas) y discriminan además entre primera y segunda residencia. Es decir, permiten estimar el número de familias en riesgo de perder su vivienda habitual o que ya la han perdido. Según los registradores, de los procedimientos iniciados un 74,76 % corresponden a primera vivienda (49.175), mientras que en el caso de las adjudicaciones el porcentaje se eleva al 77,06 %; esto es, 30.034 familias habrían tenido que ceder su casa al banco durante el 2012. La mayoría terminaron en desahucio, otras pudieron permanecer en ella con un alquiler social, casi todas con una deuda a cuestas, aunque los registradores indican que un tercio de las adjudicaciones se resuelven mediante la dación en pago .

En Galicia se iniciaron 1.660 procedimientos y se produjeron 864 adjudicaciones, de las cuales casi 600 (596) afectaron a primera vivienda. Durante el año pasado, cada mes se registraron en la comunidad 49 desahucios. Y en todo el 2012 hubo además 227 daciones en pago.

Los efectos de la crisis hipotecaria en Galicia están lejos de comunidades como Madrid o Cataluña, donde las adjudicaciones de primera vivienda superaron el 80 % del total de procedimientos terminados. Además, el informe refleja las consecuencias de la burbuja inmobiliaria: en la Comunidad Valenciana, con más de siete mil adjudicaciones, el porcentaje de primera vivienda afectada baja del 70 %.

Por otra parte, ayer el presidente de la Xunta criticó el decreto andaluz que permite expropiar los pisos que los bancos no pongan en alquiler, y descartó aplicar en Galicia un modelo que calificó como «muy peligroso» y «menos inteligente».

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abierto expedientes sancionadores a 18 participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos al ex secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge. Según confirmó la delegación, de las dieciocho propuestas de sanción -que pueden ser recurridas-, tres son por falta grave y quince por falta leve. Los expedientes por una posible falta grave se han abierto a las tres personas que se consideran organizadoras o promotoras de la protesta, que tuvo lugar el pasado día 5.

Sanción de 1.500 euros

Una de estas tres personas es Jorge Verstrynge, según indicaron a Efe fuentes cercanas a los organizadores. Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros, dependiendo de la infracción cometida. La Delegación del Gobierno ha abierto los expedientes basándose en la información aportada por la Policía Nacional y en la Ley de Seguridad Ciudadana, y ha advertido que analizará otras concentraciones.

Sigfrid Soria, apartado

El PP de Canarias anunció que el exdiputado en el Parlamento de Canarias Sigfrid Soria será apartado de sus responsabilidades orgánicas. Soria provocó ayer un revuelo en la red social Twitter con sus comentarios contra los escraches, tras amenazar con «dar de ostias» a aquel «perroflauta» que intente acosarlo, intimidarlo o agredirlo por la calle.