No es una buena noticia que la UE, ante la crisis bancaria de un pequeño país como Chipre, manifieste una reacción excesiva de disciplina inmediata que induzca a temer por la confiscación de parte de los depósitos bancarios en ese país, ya que aparte del perjuicio a los ciudadanos de Chipre provoca la consiguiente preocupación en otros países que pueden temer medidas similares.
El lenguaje catastrofista (rescate, insolvencia, confiscación, etcétera) con el que se tratan actualmente los problemas financieros de la Unión Europea es absurdo y exagerado. Una gran parte de los países de la UE, incluyendo Chipre y España que tienen una producción por habitante muy similar, están muy por encima de la renta media mundial y por lo tanto tienen una capacidad razonable de afrontar sus problemas sin recurrir a ese lenguaje ni a medidas de austeridad excesiva. Casi 5.000 millones de habitantes del mundo tienen una renta por habitante que es inferior a un tercio de la que tienen Chipre y España, y no llegan a 1.000 millones los que tienen una renta superior a estos dos países. Por lo tanto, adoptemos medidas normales que pueden resolver los problemas con eficacia y sin crispaciones.
Recuperar la confianza de los depositantes de ahorro en la banca es de gran importancia para superar esta crisis económica, por lo que son totalmente desaconsejables medidas que generen inseguridad sobre la integridad de los depósitos bancarios.
Resolver el problema bancario de Chipre, país que representa solo el 0,2 % de la economía europea, no parece que sea una tarea demasiado complicada, por lo que los organismos de la UE deberían de ser capaces de adoptar medidas normales, aplazadas en períodos razonables, sin generar temores a intervenciones agresivas para los ciudadanos. Si la causa principal de los problemas bancarios de Chipre procede de su exposición a los bonos griegos devaluados, está claro que no es culpa de sus ciudadanos, sino de un mal diseño de la normativa europea relativa a la seguridad de los bonos de sus países miembros.
Los costes de resolver un problema de insuficiente capacidad financiera deben repartirse de forma adecuada, y en plazos razonables, entre los actores que han generado esa falta de capacidad. La parte que tenga que ser asumida por el conjunto de los ciudadanos de un país debe integrarse en la política fiscal general con principios de equidad y de forma moderada, y no aplicarse de forma arbitraria e injusta a los depositantes de ahorro.
El sueño de una Europa unida que coopere amistosamente para el desarrollo económico de sus países parece que cada día se rompe un poco más. Parece aconsejable que las políticas de la Unión Europea deberían ser más prudentes y efectivas para salir de la crisis, en vez de causar preocupación y desconfianza en los ciudadanos.