El Parlamento gallego defiende retirar las quitas a los afectados por las preferentes

La iniciativa, presentada por el PSdeG, ha sido aprobado por unanimidad de los cuatro grupos


El Parlamento gallego ha instado hoy a la Xunta a solicitar a la Comisión Europea y al Gobierno central a que «retiren la exigencia de quitas» para los afectados por la comercialización «indebida» de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

La comisión de Economía ha aprobado asimismo por unanimidad, a iniciativa del PSdeG, y con el objetivo de que todos los ahorradores afectados por estos productos y otros híbridos financieros «recuperen la totalidad» de su dinero, pedir al Ejecutivo autonómico que dote de los medios humanos y materiales necesarios al sistema de arbitraje establecido en Galicia para agilizar los procesos.

En este sentido, también ha instado a que, dentro de sus competencias, la Xunta haga públicos los criterios de inclusión y exclusión en el arbitraje a fin de «transparentar» su concesión, así como prestar asesoramiento jurídico a quienes así lo requieran para poder demandar judicialmente a las entidades financieras.

La comisión de Economía ha tratado hoy tres proposiciones no de ley de sendos grupos de la oposición sobre del sistema de arbitraje establecido para los afectados por participaciones preferentes (PSdeG), las actuaciones para la devolución íntegra de sus ahorros (BNG) y la entrega a la Fiscalía de la documentación en relación a la comercialización indebida de productos híbridos (AGE), si bien estas dos últimas han sido rechazadas.

Los tres grupos se han respaldado mutuamente y han coincidido en señalar la «parálisis» de procesos de arbitraje desde la celebración de las elecciones autonómicas, una situación ante la que han llamado la atención y han pedido explicaciones porque, de los 300 casos diarios entonces ahora se ha pasado a tres como mucho, han señalado.

La diputada socialista Carmen Gallego ha sido la primera en intervenir y ha recordado, con motivo del Día mundial de los Derechos del Consumidor, la «vulneración» a los mismos por la comercialización de preferentes y obligaciones subordinadas, con 43.000 afectados en el primer caso y 100.000 en el segundo, ha estimado.

En este sentido, ha advertido de que «probablemente» a finales de mes se cierre definitivamente el arbitraje y se inicie un proceso de quitas, por el que se iniciarán canjes a cambio no del 40 % sino de «nada», y por ello ha reivindicado que el arbitraje que comenzó el pasado junio «mantenga el ritmo de la campaña electoral».

«Es notorio que ese arbitraje se ralentizó hasta llegar prácticamente a desaparecer», ha añadido Gallego, quien también ha considerado que «falta» transparencia en los criterios que se siguen sobre los perfiles aceptados por el arbitraje, que determina una auditora contratada por la entidad financiera.

La parlamentaria socialista ha dicho también que «parece increíble» pero hay personas «atrapadas en esta estafa» que no conocen su situación, por lo que se ha mostrado partidaria de que las entidades bancarias informen a sus clientes sobre la misma.

Gallego se ha dirigido al grupo popular para indicarle que muchos de los afectados por las preferentes superan los 70 años y otros sufren discapacidades físicas e incluso intelectuales, por lo que «no parece lógico intentar convencernos de que a esas personas sea difícil identificarlas como ahorradores estafados y no como inversores».

«Este es un problema que se puede solventar si hay voluntad política para hacerlo», ha aseverado Gallego, para quien «no tiene justificación» que el responsable de NCG, José María Castellano, «puesto al frente» de la entidad gallega por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «esté boicoteando al Gobierno de Galicia y no dando una solución adecuada y ágil».

El parlamentario del BNG Francisco Jorquera ha coincidido en términos generales con los argumentos de su compañera socialista y se ha mostrado partidario de recurrir el decreto que establece la asunción de quitas por los afectados porque «es la legalización de esta estafa y una doble expropiación».

A su juicio, el Gobierno gallego debe recurrir este decreto por vulnerar derechos constitucionales e invadir competencias autonómicas, a lo que el portavoz del grupo popular, Pedro Puy, ha respondido que ya ha transcurrido el plazo y además la Xunta, una vez analizado, no encontró elementos de inconstitucionalidad.

Asimismo, el parlamentario de AGE Juan Fajardo ha responsabilizado de esta situación a las entidades financieras que son los «estafadores que deben estar en la cárcel» y al Partido Popular por «consentidores necesarios» y por «legalizar la estafa».

«Ya es hora de que los responsables políticos de estas aberraciones paguen y asuman responsabilidades», ha proseguido Fajardo, quien ha propuesto recibir en el Parlamento a cada estafado que quiera contar su caso pues «se necesita una cura de humildad».

El parlamentario popular Pedro Puy ha coincido en que el de las preferentes es un «problema grave» que la Xunta está haciendo «todo lo posible por resolver», y ha recordado que este tema recabó cinco acuerdos unánimes en sede parlamentaria.

«En esta Cámara hubo mucho consenso sobre las actuaciones a hacer», ha destacado Puy, tras lo que Fajardo ha afirmado que la unanimidad está «sobrevalorada» porque se utiliza como un «escudo».

En todo caso, Puy ha dicho que Galicia ha sido la única comunidad en acordar intervenir a través del Instituto Galego de Consumo (IGC) en el arbitraje de las preferentes, pues la competencia para fiscalizar esta comercialización corresponde al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, ha detallado que la Xunta ha atendido más de 70.000 consultas por las preferentes en las oficinas de Consumo, tramitadas a la CNMV, mientras que el IGC le remitió más de 7.000 expedientes de reclamación, 53.000 a NCG, y además el Gobierno autonómico ha traslado en un año más de 2.000 expedientes a la Fiscalía gallega para que intervenga.

«La Xunta actuó diligentemente en esta cuestión», ha dicho tras precisar que casi 14.000 familias recuperaron 250 millones de euros.

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