Francia lanza una reforma laboral coja de apoyo sindical

F. I. parís / colpisa

ECONOMÍA

La oposición es el principal obstáculo que deberá superar el texto en su trámite parlamentario a partir de abril

07 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno francés aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de ley de la reforma laboral resultante del acuerdo entre la patronal y los sindicatos reformistas, que son minoritarios en el país. No obstante, la oposición de las centrales comunistas y marxistas, así como del sector más a la izquierda del socialismo gobernante, son los principales obstáculos que deberá superar el texto en su trámite parlamentario a partir de abril, antes de su entrada en vigor, prevista para finales de mayo si no hay retrasos.

Presentado como histórico por el Ejecutivo de François Hollande, el proyecto es la transposición jurídica del pacto alcanzado el pasado 11 de enero por las tres organizaciones representativas de la patronal con la central socialdemócrata CFDT, la cristiana CFTC y la de cuadros CGC. La comunista CGT y la autónoma Fuerza Obrera, mayoritarias en la suma de delegados, se han desmarcado de un acuerdo que tachan de «perverso» y «regresivo [en lo social]», al sostener que facilita los despidos, instaura la flexibilidad laboral y rescata los dispositivos de recortes salariales y aumento de jornada impulsados por Sarkozy y denostados por los socialistas cuando estaban en la oposición.

En la balanza de las mejoras para los trabajadores, el texto aporta la generalización del seguro de enfermedad a través de mutualidades financiadas por los empresarios, así como la creación de una cuenta personal de formación de 20 horas por cada año de actividad.

Horas extraordinarias

También prevé un mínimo de 24 horas semanales en los contratos a tiempo parcial, con una prima del 10 % para las horas extraordinarias, además de la conservación de derechos acumulados al subsidio de paro si se vuelve a encontrar un empleo temporal. En el platillo de la flexibilidad se puede encontrar una simplificación de los procedimientos de despido colectivo, de modo que el empresario podrá obligar a sus empleados a aceptar un cambio de centro de trabajo en un puesto de cualificación y remuneración equivalentes. El punto fuerte es la posibilidad de negociar a la baja salarios y jornada en caso de dificultades coyunturales por una duración máxima de dos años, aunque hará falta el acuerdo de una representación sindical de al menos el 50 % del personal.