La defensora del pueblo censura el control ineficaz de la CNMV con las preferentes

Reprueba el comportamiento de algunas entidades hacia sus clientes y pide que se compense a los perjudicados

Colpisa

Los problemas derivados de la crisis y la política de ajustes aplicada por las Administraciones públicas constituyeron el grueso de las quejas remitidas por los españoles a la Oficina del Defensor del Pueblo durante el 2012, según desveló ayer su responsable, Soledad Becerril.

Tras la entrega en el Congreso del informe anual de esta institución, Becerril apuntó que las principales actuaciones de su departamento se desarrollaron en el ámbito económico. Y entre estas destacaron aquellas destinadas a reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores.

En concreto, la defensora investigó las críticas ciudadanas por la insuficiente transparencia de las entidades financieras. En concreto, destacaron las quejas acerca de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información. En este sentido, a juicio de esta institución «algunas cajas de ahorros» actuaron de un modo «absolutamente censurable» con sus clientes, lo que ha originado «decenas de miles» de afectados que no han podido retirar sus depósitos. Para evitar que se repitan estos casos, la institución recomienda otorgar mayores competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cara a proteger a los inversores y a ello suma la necesidad de compensar a los perjudicados por estos productos financieros.

En su informe, no obstante, también señala directamente a la CNMV: «Es un hecho innegable que el sistema de control y supervisión sobre esta actividad antijurídica no ha funcionado como debiera, máxime en un momento en que las entidades se encuentran sin la capacidad de respuesta que los inversores confiaban que tenían». «El control preventivo ejercido por la CNMV no ha resultado eficaz», añade.

Frente a los desalojos

En relación a los desahucios, la institución presentó a lo largo del año pasado una serie de recomendaciones que en varios casos fueron recogidas por la Administración central. Sin embargo, también señala que, pese a que las iniciativas emprendidas por el Gobierno hasta el momento son positivas, no dejan de ser insuficientes debido a las limitaciones que existen para su efectiva aplicación. La defensora del pueblo recomienda que «con el fin de evitar situaciones de exclusión social, se estudie la adopción de medidas extraordinarias para que los deudores de buena fe, que se encuentran en riesgo de perder la vivienda habitual o el local donde se ejerce la profesión o actividad que constituye su forma de vida, puedan continuar utilizando tanto la vivienda como el local por un precio o cualquier otro tipo de compensación».

Soledad Becerril se muestra a favor, además, de aplicar la dación de pago «en casos extraordinarios».

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