Carlos Varela: «A Fiscalía defenderá ata o final a causa das preferentes»
ECONOMÍA
El fiscal superior de Galicia pedirá en el juicio que los contratos se declaren abusivos y que, por tanto, el juez dictamine de oficio su nulidad
20 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«Eu son optimista, e quero trasladar ese optimismo aos afectados e darlles a mensaxe moi clara de que a Fiscalía defenderá a causa das preferentes ata o final, porque considera que é unha causa xusta». El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quiso lanzar ayer ese mensaje a los miles de afectados por la comercialización de participaciones preferentes de Caixa Galicia y Caixanova un día después del auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que niega legitimidad a la Fiscalía para ejercitar las acciones de nulidad de los contratos de preferentes y el resarcimiento a los afectados.
De esa forma, la Fiscalía solo está legitimada para pedir la cesación de la comercialización de preferentes en el juicio que celebrará el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, donde la Fiscalía presentó la demanda colectiva contra las citadas entidades bancarias, ahora englobadas en Novagalicia Banco. Sin embargo, Carlos Varela explicó que en el juicio, que se celebrará en dos o tres meses, pedirá que se declare que en la comercialización de las participaciones preferentes hubo una práctica abusiva cuyos efectos están todavía vigentes. Eso implicaría, añadió, que se dictamine «a nulidade de oficio, por parte do propio xuíz, desa práctica abusiva».
Esa jurisprudencia ya la aplicaron los tribunales de la Unión Europea en una sentencia del 26 de abril del 2012, y de llevarla a cabo el juzgado coruñés que estudia el caso de las preferentes no sería necesario que el fiscal pidiese la nulidad, porque el juez podría anular de oficio todos esos contratos.
El fiscal superior aseguró que se esperaba el auto de la Audiencia de A Coruña, que sostiene que cada caso debe analizarse de forma individual, no como pretende la Fiscalía gallega con la demanda colectiva al considerar que existen intereses difusos, con un gran número de implicados (calcula unos 43.000 afectados) y en un asunto de relevancia social.
En el juicio la Fiscalía anuncia que ejercerá todas las posibilidades si no se atienden sus tesis, lo que significaría llegar hasta el Tribunal Supremo.