Con Gerardo Díaz Ferrán en la prisión de Soto del Real asediado por un monumental caso de corrupción, la imagen que sobre la patronal tiene la sociedad se emborrona a pasos agigantados. El más conspicuo defensor de los ajustes y de los recortes, adalid de la reforma laboral que abarata los despidos, está entre rejas en el peor momento, con seis millones de parados. Es tal la proliferación de toda clase de tramas corruptas en plena crisis que el elemental derecho a la presunción de inocencia parece haberse dado la vuelta, como una tortilla. A los ojos de la calle todo el mundo es ahora culpable hasta que se demuestre lo contrario. Contra eso tendrá que luchar Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, que defiende la honorabilidad y las buenas prácticas de su grupo mientras sus propios trabajadores, en antena, denuncian algo que, de confirmarse, sería un nuevo y monumental escándalo. Un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
A los casos probados y a los que queda por probar hay que añadir la controvertida figura de Juan Rosell, presidente de los empresarios, que en lugar de escoger la senda de la prudencia en tiempos de enorme crispación social abre nuevos frentes. Primero poniendo en solfa la Encuesta de Población Activa (EPA), un método homologado por la UE para medir los niveles de paro de sus países miembros, y luego en una cruzada contra el funcionariado, del que llegó a decir que sería mejor que se quedase en casa con un subsidio en vez de acudir al trabajo a gastar papel y teléfono.
Ayer, cuando todo el mundo aguardaba unas declaraciones de Juan Rosell para posicionarse sobre el caso que afecta ahora a su número dos, la CEOE declinaba valorar el asunto al tratarse de un asunto «particular de Arturo».