El Gobierno da marcha atrás en el recargo en el recibo de la luz por mayor consumo

El ministro de Industria justifica la rectificación en las abundantes críticas y en el informe contrario de la CNE

Colpisa
Madrid

Los clientes no sufrirán un recargo en el recibo de la luz si aumentan su consumo o la potencia contratada. Al menos, no por ahora. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha reconocido que las abundantes críticas y el informe contrario que emitió la Comisión Nacional de la Energía le han llevado a replantearse esa penalización, una iniciativa prevista para su aplicación desde el pasado 1 de enero. Se suponía orientada a fomentar el ahorro energético, pero el regulador puso, negro sobre blanco, las distorsiones que iba a suponer. «Había críticas que tenían razón», reconoció el ministro, que anunció el propósito de aplicar la progresividad por otros métodos.

De cara a las próximas revisiones de la tarifa eléctrica, Soria reiteró el propósito de mantener congelada la parte regulada, que representa el 50% de la variación. «El Gobierno tiene intención de que sean los precios de la subasta de electricidad los que determinen la actualización del recibo», anunció.

La propuesta de penalización en el recibo no solo iba a aumentar la complejidad de la facturación de los afectados, sino que era de difícil ejecución, y hubiera supuesto un aumento directo de la factura eléctrica que pagan 7,9 millones de usuarios, denunció la CNE, que utilizó datos de 2011. El sistema de peajes progresivos planteaba recargos a los usuarios por encima del 10% del consumo medio en su potencia contratada.

La Comisión Nacional de la Energía censuró con dureza este procedimiento, por entender que supondría aplicar sobrecostes a toda la energía consumida y no solamente al exceso. Las asociaciones de consumidores habían encendido todas las alarmas. Un mayor consumo no es una manifestación de derroche, argumentaron. Y citaron como ejemplo los cambios en la composición de los hogares, la dimensión de los negocios o la producción en las empresas.

De igual modo, la CNE reprochó que no se hubiera tomado en cuenta la estacionalidad del consumo, y consideró que el método hubiera sido discriminatorio entre zonas de distinta climatología.

El regulador y las agrupaciones de usuarios coincidieron, finalmente, en la denuncia de que este procedimiento de recargo podía acabar con el sistema de discriminación horaria. Estos clientes que concentran sus consumos en horas valle o de escasa demanda contribuyen a modular la curva de la carga, es decir, que ayudar a repartir la presión de la demanda en periodos más largos de tiempo, lo que garantiza la seguridad del suministro con menores desembolsos.

La CNE consideró improcedente basar la progresividad en las horas de utilización de la potencia contratada. Para el organismo supervisor, el sistema propuesto no proporcionaba las señales económicas adecuadas, ni era aconsejable su aplicación en momentos en que la demanda eléctrica ha disminuido.

El problema del déficit

Todas estas razones han convencido al ministro de lo inadecuado de la fórmula. Soria anunció su replanteamiento durante un desayuno informativo, organizado por el diario económico Cinco Días, en el que también admitió que las circunstancias le habían obligado a modificar otros planteamientos. El principal de ellos, la supresión de la prohibición de un déficit de tarifa en el año 2013. Y detalló las razones por las que el pasado ejercicio, para el que la ley establecía un tope de 1.500 millones para los «números rojos» del sistema eléctrico, se cerró con 3.500 millones adicionales.

No ha sido posible cargar sobre los Presupuestos los 1.800 millones de costes del suministro extrapeninsular. «Por encima del objetivo sectorial está el objetivo de reducir el déficit público», aseveró el ministro, para reconocer a continuación que «no estamos eligiendo entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo malo y lo peor». Añadió que las primas al régimen especial también han sufrido un importante desvío, al elevarse a 8.400 millones, 1.200 millones más de lo inicialmente estimado por la CNE, como consecuencia del ritmo acelerado de incorporación de nuevos proyectos.

La caída de la demanda ha sido otra de las causas del incremento.

Según Soria, la «buena noticia» consiste en el abaratamiento y las ventanas de financiación que se han abierto en las últimas semanas en España, que permitirán la titulización -cesión de derechos de cobro- del resto del déficit acumulado. De los 24.000 millones, 14.000 ya han sido titulizados, otros 3.000 millones fueron emitidos por las empresas y aún restan 7.000 millones en los balances de las eléctricas. Para evitar que los «números rojos» sigan creciendo, el ministro anunció reformas que no llegó a concretar. Habrá revisión de costes reconocidos, consideración del balance neto y de la generación distribuida, todo ello con la idea de que los costes tengan un reflejo más ajustado en el precio final.

El ministro dio a entender que no ha dado por cerrado el episodio de la central nuclear de Garoña. Evocó que, frente a la decisión de clausura en el año 2013, el operador pidió ampliar la explotación hasta 2019, y dijo que el Gobierno nunca ha manifestado restricción ideológica alguna, salvo cuestiones de seguridad. Aunque «por distintas razones», la empresa no ha solicitado oficialmente la prórroga, «es voluntad del Gobierno no infrautilizar los recursos». «Por eso preferiría que continuara funcionando», insistió.

Entre los planes del departamento de Industria figura, además, una modificación en la ley de Hidrocarburos para introducir mayores dosis de competencia en el mercado de carburantes. No se determinarán precios máximos y mínimos, tranquilizó Soria al sector, sino que se atenderá a otros factores. También se contempla la prórroga, con mejora de la dotación, del plan PIVE de incentivos a la adquisición de coches que supongan una renovación del parque, siempre que existan recursos, «Creo que se producirá esa extensión, pero no puedo asegurarlo rotundamente», admitió.

Y el ministro reconoció, entre los incumplimientos del Gobierno, el de la rebaja del IVA del turismo. «No solo no lo hemos reducido, sino que ha aumentado, pero creo que es una situación que se podrá reconducir cuando se vuelva al crecimiento económico», manifestó.

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