Propone introducir un coeficiente reductor que provocaría una rebaja de la prestación de entre el 7 y el 30 %
17 ene 2013 . Actualizado a las 08:44 h.El Gobierno estudia que los trabajadores que se jubilen parcialmente perciban una pensión inferior que la que correspondería por su cotización. Entre las medidas que el Grupo Parlamentario Popular planteó ayer en la reunión de portavoces del Pacto de Toledo se incluye la aplicación de un coeficiente reductor en las pagas de quienes se hayan acogido a la jubilación parcial. Hasta ahora, no existen porque el interesado y la empresa siguen cotizando como si trabajara a tiempo completo durante el período de disfrute del retiro parcial. Con la propuesta del Partido Popular, el cambio sería de tal magnitud que un jubilado de este tipo cobraría una pensión a lo largo de toda su jubilación que podría ser entre un 7 y un 30 % inferior a la que le correspondería sin reducción, en función de si lo hace entre uno y cuatro años antes de la edad legal de jubilación.
El Ministerio de Empleo baraja que los coeficientes reductores a aplicar sean los mismos para el retiro anticipado y el parcial. La ley 27/2011 de reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero, excepto en lo concerniente a estos dos tipos de jubilación, establece un coeficiente reductor del 1,875 % por trimestre (7,5 % anual) para los trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados, y del 1,625 % por trimestre (6,5 % anual) para los que tienen menos.
En la reunión, que apenas duró una hora, la oposición parlamentaria mostró su rechazo «porque el trabajador sigue cotizando al cien por cien», en palabras de la portavoz del Grupo Socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa.
«Reforma fallida»
Su homólogo del PNV, Emilio Olabarría, explicó que, con la orientación que presenta el Partido Popular, la reforma «resultaría fallida» porque no serviría ni para que el ajuste fuera «menos traumático» en los expedientes de regulación de empleo ni para cumplir el objetivo de formación.
Olabarría insistió en que, hasta el 2027, la mayoría de los trabajadores se van a seguir jubilando a los 65 años porque habrán cotizado más de 38 años y medio en cuyo caso la ley lo permite, por lo que no se ampliará hasta esa fecha la brecha entre la edad legal de retiro y aquella a la que se puede jubilar anticipada o parcialmente. De ahí que su formación no vea la urgencia de hacer una reforma sin haberla analizado antes suficientemente.
«Inoportuna»
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, recalcó la «inoportunidad» del planteamiento del Gobierno en un momento de crisis económica y coincidió con el diputado del PNV en la importancia que tiene la jubilación parcial o anticipada para permitir que las empresas ajusten plantillas con menos trauma social.
El Gobierno, mientras tanto, justifica la necesidad de penalizar la jubilación parcial en el coste que tiene para la Seguridad Social (84.563 euros por los pagos de pensión realizados durante el período de anticipo de media en cada retiro de este tipo) y en que no ha cumplido el objetivo de formación con el que fue concebida (el trabajador relevado debería formar al relevista).
Retraso a los 63 años
Además de imponer coeficientes reductores, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene sobre la mesa la idea de retrasar la edad para acceder a la jubilación parcial a los 63 (ahora está en 60 años con condiciones) Y también, aumentar la jornada laboral mínima que debe realizar el trabajador que esté en este caso, hasta el 50 % (en la actualidad está en el 25 %, aunque según los datos del ministerio la jornada media de trabajo en el 2012 apenas superó el 20 %).
Además, se plantea imponer más exigencias al contrato de relevo para que adquiera más importancia el componente de formación. Este es, precisamente, el único punto donde el Partido Popular encontró ayer respaldo entre el resto de los grupos parlamentarios.
Plazos
El plazo que se ha autoimpuesto el Ejecutivo para modificar tanto la jubilación parcial como la anticipada acaba el 31 de marzo. Pero no quiere quedarse solo al reformar las pensiones. Por eso, «no es descartable» que modifique sus pretensiones, asegura Joan Coscubiela, portavoz de la Izquierda Plural en el Pacto de Toledo.