Los afectados llevan su protesta ante el conselleiro de Medio Ambiente

m. t. vigo / la voz

ECONOMÍA

Una de las afectadas, durante una de las movilizaciones.
Una de las afectadas, durante una de las movilizaciones. capotillo< / span>

16 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

A la espera de saber qué sucede exactamente con sus ahorros, los afectados por las preferentes prosiguen con sus movilizaciones, que ayer llegaron hasta el conselleiro de Medio Ambiente. En Gondomar lo esperaron una treintena de clientes. Agustín Hernández, que iba a visitar unas obras de saneamiento, dedicó quince minutos a dialogar con el grupo. Hubo un apretón de manos final entre las partes, tras la intervención del alcalde popular Fernando Guitián, tras reiterar Hernández el compromiso de la Xunta «para que todos aqueles que foron enganados e estafados recuperen o 100?% dos seus aforros e así é como a Xunta, dentro das súas competencias está actuando». Agustín Hernández se comprometió a mediar para alcanzar los acuerdos aprobados por el pleno de la villa: arbitraje para todos, sin quitas y lo más rápido posible.

En O Rosal, donde llevan encerrados más de un mes, llevan dos noches de puertas abiertas. Hasta el lunes estaban concentrados en el salón de plenos, al que se accede por una puerta independiente de la del Ayuntamiento, pero desde entonces no han dejado que la principal se vuelva a cerrar y advierten que no lo harán hasta que haya una devolución íntegra de todos los ahorros.

Los afectados preparan, mientras, una gran movilización -la tercera a nivel gallego- para el próximo 2 de febrero, temiendo que poco después llegue una quita a sus ahorros. Los tres grupos de la oposición en el Parlamento gallego se sumarán a esa manifestación en Santiago, según explicaron ayer en la Cámara socialistas, nacionalistas y AGE a los propios convocantes.

También en Andalucía

Mientras, la Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a las diferentes fiscalías provinciales de la comunidad la apertura de diligencias sobre la comercialización de las denominadas participaciones preferentes, en un decreto en el que advierte además de la «mala praxis» generalizada de entidades con estos productos. Este pronunciamiento se produce después de que el Defensor del Pueblo Andaluz registrara cerca de 300 denuncias y reclamaciones.