Entregaron los escritos a la jueza de guardia y al fiscal en dos horas
10 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los afectados por las preferentes de Vigo y Val Miñor colapsaron ayer los tribunales vigueses para presentar en la Fiscalía y en el juzgado de guardia más de 150 denuncias por un delito de estafa contra los consejos de administración de las dos cajas gallegas. Piden que la acusación pública actúe de oficio y que se celebren juicios rápidos en tres meses. Y reclaman una investigación sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco de España y la Xunta por validar esos productos de riesgo y no perseguir el presunto abuso.
Durante dos horas, los perjudicados hicieron colas en la fotocopiadora y en las salas para sellar su denuncia. Otros cubrieron los impresos arrodillados ante los bancos, sentados en mesas o apoyados en la pared. Amparo Dávila fue una de las afectadas que contrató subordinadas y preferentes en el 2005 y el 2006. Al salir del registro de la Fiscalía de Vigo relató: «Metí 24.000 euros y no me hicieron los contratos». Otro perjudicado, Miguel, ha rescatado el dinero invertido en preferentes, pero tiene «84.000 euros en subordinadas». Sus dos hijas lideraron en su día la plataforma. «Queremos que la Justicia empiece a actuar», añade.
El portavoz Xosé Manuel Estévez leyó el contenido del escrito en un corro en los pasillos del juzgado de la calle Lalín, lo que obligó al juez decano a pedirle que permitiesen el paso y no hiciesen ruidos molestos.
Los escritos van dirigidos contra los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia (fusionadas en Novacaixagalicia, hoy NCG) porque «ordenaron» colocar a minoristas y pequeños ahorradores productos de deuda subordinada y participaciones preferentes. Habrían contravenido las normas de la CNMV porque no entregaron folletos informativos a los clientes y encubrieron el alto riesgo. Creen que hubo engaño y suficientes evidencias de estafa.
También piden al fiscal que revise los expedientes entregados para el arbitraje y reclaman mediación y denuncia ante el Instituto Galego de Consumo. Hay 25.000 expedientes sin resolver y recuerdan que la Fiscalía del TSXG examina 1.600 quejas. El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, explicó que los escritos seguirán el cauce habitual. Por su parte, la jueza de guardia los estudiará para acordar si los admite a trámite. La entrega masiva es la primera en los juzgados por la vía penal ya que, hasta ahora, las demandas contra productos financieros seguían la vía civil. Un matrimonio logró en Vigo una de las primeras sentencias a su favor.