España se afana en frenar unos recortes que darían al traste con la pesca gallega

Cañete, al inicio del Consejo de Ministros en Bruselas.
Cañete, al inicio del Consejo de Ministros en Bruselas.

redacción / la voz

«Muy, muy difícil». Así pintó ayer el ministro Miguel Arias Cañete el Consejo que tiene por delante. «Mucho más que en años anteriores», porque los 27 parten de una propuesta de cuotas para el 2013, la firmada por Maria Damanaki, que pone sobre la mesa «fortísimas reducciones en las especies de mayor interés para España». Recortes que, de materializarse, llevarían a la ruina económica a la flota gallega, la que faena a las puertas de casa y la que se desplaza a aguas comunitarias.

Un 32 % menos de merluza o un 20 % de rape y gallo en Gran Sol, o una rebaja del 38 % en el rape o del 20 % en el gallo en aguas ibéricas, como propone la Comisión Europea, son cambios «muy difíciles de asumir». Máxime cuando esos planteamientos no están basados «en informes científicos sólidos y rigurosos». Es más, Damanaki, en sus directrices para fijar las cuotas del 2013, situaba el rape de aguas atlánticas de la península Ibérica entre las especies que ya no estaban afectadas por la sobrepesca. Sin embargo, propone un 38 % de recorte. Algo parecido ocurre con la merluza del norte, cuya biomasa, según sostienen los armadores, se encuentra en el valor máximo desde 1978 y para la que la Comisión persigue un recorte de casi un tercio.

Por eso que la tarea que tiene por delante la delegación española es complicada. Cañete, al que acompaña la conselleira de Mar, Rosa Quintana, se empeñará en «conseguir para todas las poblaciones un mayor equilibrio entre la ambición de conseguir los rendimientos máximos sostenibles en el 2015 o, como muy tarde, en el 2002, pero también el mantenimiento de la actividad económica y social de la flota».

Reforma pesquera

Mientras, los armadores cruzan los dedos para que el resultado del Consejo de Ministros sea más favorable que el que arrojó ayer la votación en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre la reforma de la política común de pesca. Por un muy ajustado 13 a 10, los eurodiputados pintaron más de verde el acuerdo político adoptado en julio al aceptar las más conservacionistas de las más de 3.000 enmiendas presentadas. Gestión de los caladeros por encima del rendimiento máximo sostenible, un calendario encaminado a la prohibición de los descartes, voluntariedad para el intercambio de cuotas individuales transferibles (ITQ) e inamovilidad de la estabilidad relativa.

En definitiva, que la Eurocámara «se ha olvidado de los pescadores, de las empresas y de los trabajadores», apuntó Javier Garat, secretario general de Cepesca.

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