La víctima había recibido una orden de desahucio por impago de la hipoteca
15 dic 2012 . Actualizado a las 02:57 h.Una mujer de 52 años se ha suicidado esta mañana tras arrojarse al vacío desde la cuarta planta de su edificio situado en un barrio de Málaga. La víctima había recibido hace tres días una orden de desahucio por impago de la hipoteca. La mujer vivía en esta casa desde hacía varias décadas con su madre, de 96 años y enferma. La víctima había tenido un estanco en un polígono industrial pero se vio obligada a cerrarlo por problemas económicos, tal y como apunta el diario Sur. Sin embargo, había avalado la compra del local con su propia vivienda, deuda que, finalmente, acabó con la ejecución hipotecaria del aval y la consiguiente orden de desahucio.
Tres suicidios y miles de desahuciados
El 25 de octubre, José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en Granada, horas antes de ser desahuciado de su vivienda. Al día siguiente, un hombre de 53 años que llevaba en paro cuatro años se lanzó por la ventana de su casa en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desalojado, resultando herido.
El caso de más impacto y que provocó que se aceleraran las gestiones para parar este drama social ocurrió el 9 de noviembre cuando Amaia Egaña, de 53 años y antigua edil socialista en Eibar (Gipuzkoa), se suicidó minutos antes de que una comisión judicial le fuera a notificar el desahucio de su vivienda en Barakaldo.
El 28 de noviembre, un hombre de 59 años, que se encontraba en proceso de desahucio por impago del alquiler, se suicidó en Santesteban (Navarra). Fue ese 9 de noviembre, el día en que se suicidó la exedil socialista, cuando representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía decidieron adelantar los contactos para ultimar una propuesta encaminada a evitar desahucios.
Seis días después, el 15 de noviembre, y pese a no haber llegado a un acuerdo con el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de protección de los deudores hipotecarios que establecía la paralización de los desahucios durante dos años y un mandato al Gobierno para crear un fondo social de viviendas, que podrán ser alquiladas por las personas desalojadas.