García de Paredes pide una rebaja de la fianza de 2,4 millones

La Audiencia solicitaba 7 millones y el recurso presentado explica que de los 5,26 que cobró 2,4 son la retención fiscal que practicó Hacienda


Madrid

El exdirectivo de Novacaixagalicia (NCG) Javier García de Paredes ha solicitado a la Audiencia Nacional que rebaje en 2,4 millones de euros la fianza de 7,02 millones que le ha impuesto por supuesta irregularidad en la indemnización millonaria que cobró por dejar la entidad, y que es la más alta de los imputados en el caso. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el exdirectivo de NCG ha presentado hoy un recurso contra el auto del juez Ismael Moreno que fija las fianzas, en el que explica que, de los 5,26 millones que cobró de indemnización, unos 2,4 millones corresponden a la retención fiscal que aplicó la Agencia Tributaria y que nunca llegó a percibir. Por ello, solicita al titular del juzgado central de Instrucción número 2 que reduzca la fianza, que en cualquier caso se presta a cubrir con los derechos de cobro de su póliza de aseguramiento, es decir, con las cantidades que todavía tiene pendiente de cobrar en concepto de pensión y que en su caso ascienden a otros 5,075 millones.

De esta manera, García de Paredes sigue la misma estrategia que los otros tres exdirectivos imputados en el caso de las indemnizaciones millonarias de Novacaixagalicia (NCG), que ayer ofrecieron sus pensiones pendientes de cobro para pagar la fianza civil de 3,47 millones de euros que les impuso el juez Ismael Moreno.

El problema es que, según la Fiscalía Anticorrupción, en esas pensiones pendientes de cobro, que suman 33,3 millones entre los cuatro imputados, también hay cantidades que son indebidas.

El pasado 6 de noviembre, el juez Ismael Moreno impuso a Javier García de Paredes, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada unas fianzas que suman un total de 10,5 millones y que corresponden a los importes que la Fiscalía Anticorrupción les ha pedido que devuelvan (un total de 7,87 millones), más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado justificó la imposición de esa medida cautelar porque hay indicios de «criminalidad suficiente» en la actuación de los exdirectivos, ya que acordaron mejorar sus contratos «en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad», fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

El juez de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora si acepta los derechos de cobro como fianza, lo que permitiría al expresidente de NCG Julio Fernández Gayoso (también imputado en el caso como cooperador necesario) no tener que responder de forma solidaria por los 10,5 millones exigidos.

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