Hipotecados inundarán los juzgados con una súplica para frenar las ejecuciones

«Va ser el compromiso de los colectivos sociales y la acción resuelta de los abogados que, estoy convencido, encontrará amparo en los jueces, la que sirva para frenar de una vez las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en España. Y como casi siempre ha sucedido, la base jurídica se asentará en conceptos que nos vienen de fuera, de Europa», dice José Miguel Caride, abogado ourensano de 48 años, 24 ya en la profesión, al hablar del primer acto de una batalla que tendrá como escenario los juzgados de todo el país. Mañana lunes, por la mañana, habrá la presentación masiva de un escrito avalado por el Consejo General de la Abogacía que afectados y defensores harán llegar a los jueces solicitando la suspensión inmediata de los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los abogados han enviado copias del texto a deudores inmersos en estos procedimientos y a los colegios profesionales. La solicitud se basa en una cuestión planteada por el juez Fernández Seijo, del Mercantil n.º 3 de Barcelona, ante el Tribunal de Justicia de la UE y que obtuvo un primer dictamen favorable en el que se considera que el procedimiento de ejecución hipotecaria español incluye cláusulas abusivas e incurre en indefensión del consumidor según la norma comunitaria.

«El dictamen -explica José Caride- aprecia que el derecho español contempla el vencimiento anticipado de las deudas hipotecarias, esto es, que se puede reclamar toda la deuda cuando se han producido los primeros impagos. Además, recuerda que en los intereses moratorios no intervienen las partes, sino que son determinados por las entidades financieras. Y también, que no se puede impugnar el procedimiento, que solo cabe pagar y plantear otro pleito contra estos abusos cuando ya se ha pagado la deuda o perdido la vivienda». Lo que los afectados van a reclamar mañana es que, mientras el Tribunal de la UE no emita una sentencia firme, se paralicen los procesos en curso. Piden además que los magistrados valoren si deben presentar una cuestión prejudicial en los mismos términos que el juez Fernández Seijo. «No sé si el tribunal resolverá antes de final de año, pero podría llegarse, como también se pide en el escrito, a una nulidad de los procesos de ejecución», explica Caride, que considera el texto como «el arma más eficaz que tenemos ahora mismo para frenar este drama».

El abogado, coordinador de la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en Galicia, la creada en mayo por el Colegio Oficial de Ourense, apunta una nueva crítica al decreto de medidas de protección de los deudores aprobado por el Gobierno. «No es solo que dicte requisitos muy estrictos a los beneficiarios, como ya sucedió en el Código de Buenas Prácticas, es que tampoco se establece la correlación necesaria con normas procesales para llevar a cabo la paralización de los lanzamientos». Y apunta que «es imposible determinar de una manera objetiva los supuestos de desposesión humana, como pretende el decreto, hay miles de casos y deben tratarse de forma individual».

Asesoramiento gratuito en Ourense

La Oficina de Intermediación Hipotecaria de Ourense se creó con el apoyo del Concello, que cubre gastos de teléfono y material. Las consultas (3 horas, 3 días por semana) son gratuitas. Los abogados no cobran. Se creó para asesorar a personas que pudieran beneficiarse del Código de Buenas Prácticas, pero apenas una décima parte de quienes recurren al servicio entran en esa categoría. La oficina trabaja con personas que no pueden hacer frente a la hipoteca, cuando ya han dejado de pagar pero no recibido la orden de desahucio.

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