Más de 20,6 millones de españoles en edad adulta, es decir el 43,74 % del censo, viven en situación de precariedad, «debido al aumento del paro, la rebaja de salarios y los ajustes realizados por el Gobierno», según un informe elaborado por Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
El País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas con la tasa de precariedad más baja, con un 24,11 % y un 22,20 %, respectivamente, y por contra, Extremadura lidera la tabla con un 53 % y 590.000 personas adultas en esa situación, seguida de Andalucía con una tasa del 51,1 % y casi 4,3 millones de adultos afectados.
Para elaborar el estudio, titulado Adiós a las clases medias, los analistas han tomado datos oficiales del propio ministerio y han calculado la tasa de precariedad que viene dada de la suma de familias cuyos ingresos en su conjunto sean iguales o inferiores a 12.000 euros brutos al año, además de los hogares que no cobran nada, que este año son ya casi los 3 millones.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, explica que desde el año 2007 se han incorporado a ese índice casi 2 millones de españoles y entre los más afectadas por la crisis, 16 millones de personas en situación de precariedad corresponden a mileuristas asalariados.
Así, denuncia que en estos últimos años la diferencia entre las rentas de los más desfavorecidos y los grandes patrimonios se ha multiplicado y todavía esa brecha puede ir a peor si no hay una modificación de las políticas fiscales «con las que tanto el Gobierno de PSOE como de PP han afrontado la crisis, porque son injustas y además están siendo ineficaces».
Las clases medias y bajas se ven afectadas por subidas de impuestos y el pago del IVA, mientras que se «oculta una bolsa de rentas de capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de accionistas que no tributan en el IRPF», explicó Cruzado.
El informe indica que los recortes aprobados en los últimos años han impactado en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85 % de los trabajadores, y que son las que han soportado el mayor peso de los ajustes fiscales como la subida del IRPF, el aumento del IVA o la reducción de salarios y la supresión de la extra de Navidad a los funcionarios.
Contra la amnistía fiscal
Cruzado comentó además que la denominada «amnistía fiscal» para empresas y grandes fortunas que cotizan en el extranjero va contra «el principio de igualdad constitucional» y representa «un agravio comparativo con quienes sí han cumplido con sus obligaciones». Para contrarrestar esa «brecha» entre los españoles, los técnicos del Ministerio de Hacienda han propuesto una serie de iniciativas para recaudar más de 60.000 millones anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales. Reclaman las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios y la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza.