Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego cumplen en Vigo las medidas cautelares impuestas por el juez

Los exdirectivos de Novacaixagalicia tienen que firmar cada quince días por la causa que investiga las indemnizaciones millonarias que cobraron cuando salieron del grupo


El que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia tras la fusión, Julio Fernández Gayoso, ha acudido esta mañana al juzgado de guardia de Vigo para comparecer ante el juez, tal y como está obligado a hacer cada quince días, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno impusiera medidas cautelares contra él, dentro de la causa que investiga las indemnizaciones millonarias cobradas por cinco exdirectivos de la caja. También lo ha hecho el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego, para quien el magistrado tomó las mismas medidas cautelares.

El juez de la Audiencia Nacional ha impuesto fianzas que suman un total de 10,5 millones de euros a los cuatro exdirectivos de NCG que cobraron las indemnizaciones millonarias por su salida del grupo, de las que también deberá responder el excopresidente de la entidad como responsable solidario. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fija la mayor fianza, de 7,02 millones de euros, al exdirectivo procedente de Caixa Galicia Javier García de Paredes, mientras que Pego deberá abonar 1,92 millones de euros, Óscar Rodríguez Estrada 347.000 euros y Gregorio Gorriarán Laza 1,21 millones de euros.

El magistrado aprecia indicios de «criminalidad suficiente» en la actuación de los cuatro exdirectivos que, en cooperación necesaria con Fernández Gayoso, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección «en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad» tras la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. De esta forma, cuando se materializó su abandono del la entidad peribieron elevadas sumas «al amparo de las mejoras introducidas en sus contratos». Según el juez, haciendo un abuso de su cargo y siendo conocedores de la crítica situación por la que atravesaba NCG dispusieron «fraudulentamente de bienes de la misma. El auto recoge que esta conducta puede ser constitutiva de un delito de societario calificado como apropiación indebida.

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