Lo suyo ha sido complicarse la vida. Al juez Ismael Moreno se le conoce por sus investigaciones sobre delitos de narcotráfico y terrorismo. Desde ETA hasta Al Qaida. En sus casi 25 años en la Audiencia Nacional se ha ocupado de numerosos casos, aunque por el que se dio a conocer fue por el de Sogecable, el que derivó en que fuera apartado de la carrera judicial el magistrado Gómez de Liaño. También se ha ocupado de los vuelos de Guantánamo, de violaciones de derechos humanos en China, de los GAL... Su trabajo (suele pasar) le ha granjeado sus enemistades. Esto le espetó un defensor de Herri Batasuna: «Después de la privación del derecho a la libertad está la privación del derecho a la vida». Una amenaza en toda regla, según apreció el fiscal general del Estado.
Ahora tiene en sus manos algo más que un asunto financiero. Lo es por el enorme estruendo que generaron las indemnizaciones percibidas por José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, con la «cooperación necesaria» (como dice la Fiscalía) de Julio Fernández Gayoso. Es un asunto sobre el que se han pronunciado todos los partidos y que ha generado una gran controversia social. Tiene en su mesa un caso «para dar ejemplo», según fuentes jurídicas consultadas. De ahí las elevadas fianzas impuestas esta semana por el magistrado.
Ismael Moreno, aragonés de 57 años, es un tipo conocido (y reconocido) en la Audiencia Nacional, adonde llegó en febrero de 1988 como titular del Juzgado de Instrucción número 2. Entró en ese órgano a la vez que Baltasar Garzón, otro de los llamados en los medios jueces estrella y con el que pugnó hace unos años para ocupar (sin éxito) la presidencia de la Audiencia. Ahora es el más veterano en ese lugar. Quienes le conocen dicen que es un tipo duro, y que tiene la vocación de servicio público en su ADN. Antes que juez fue policía (inspector), un puesto que ocupó durante 9 años (de 1974 a 1983) y del que ahora está en excedencia. En su biografía se cuentan también colaboraciones como profesor y la autoría de dos libros sobre el proceso penal y los delitos societarios.
En sus últimos años, sin embargo, dejó escapar dos presas: la investigación de la operación Emperador (la Fiscalía presentó en el 2010 una querella contra la mafia china que archivó) y del caso Urdangarin (devolvió la causa a los juzgados de Baleares).