Reclama mayor transparencia en la concesión de licencias privadas
08 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Disponer de materia prima en cantidad suficiente y a precios competitivos es la primera premisa para mantener en pie una industria que en España genera 1.120 millones de euros anuales y proporciona 62.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. De ahí que los pactos pesqueros con terceros países sean primordiales para un país que, menos el atún, tiene todos los demás eslabones de la cadena: flota, puertos de descarga, frigoríficos, conserveras, mano de obra especializada...
Precisamente esa, la de conseguir una red de acuerdos pesqueros amplia para que pesquen los buques atuneros españoles es una de las exigencias que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, va a plantear a la Unión Europea, según anunció ayer, en la inauguración del primer Congreso Nacional del Atún, un foro organizado por la interprofesional del atún, Interatún, y que reunió en Madrid a todos los protagonistas del entramado atunero. Cañete conminó a Bruselas a «garantizar el acceso de las flotas de la UE al mayor número de caladeros posible», máxime ahora, después de que se hayan bloqueado «acuerdos fundamentales para los atuneros», como es el caso de los pactos que se tenían con Gabón y Guinea-Bisáu.
Posición de liderazgo
Otra exigencia: que Europa se haga fuerte en las organizaciones regionales de pesca (ORP). Cañete cree que Bruselas debe mantener una posición de liderazgo, como la potencia pesquera que es, y hacer que esos organismos se encarguen de conseguir una mayor armonización y transparencia en la concesión de licencias privadas de pesca en países terceros, de forma que se garantice la seguridad jurídica de los operadores europeos.
No se acaban ahí las demandas. Idénticas reglas de juego para todos. Es esta una exigencia que no solo suscribe Cañete, sino que lo demandan también la flota y la industria. La competencia desleal está al orden del día tanto en el mar, como en tierra. Los requisitos para los buques comunitarios son mucho más elevados que los que se piden a los asiáticos. Las conserveras que se instalen en Papúa-Nueva Guinea quedan exentas de cumplir las reglas de origen, que sí deben observar los que operan en Latinoamérica, donde se han asentado los gallegos. Los costes laborales en Filipinas, donde incluso «trabajan niños», según denunció el secretario general de Anfaco, Juan Manuel Vieites, difieren mucho de los españoles. Y en partidas de Tailandia, primer productor mundial de conservas de atún, se han detectado deficiencias sanitarias que ni por asomo se le admiten a las fabricadas en Europa.