El Banco de España conoció las indemnizaciones, «con reticencias» de la caja
ECONOMÍA
Dos inspectores del organismo regulador han comparecido hoy como testigos en el juicio contra los exdirectivos de Novacaixagalicia
09 nov 2012 . Actualizado a las 04:30 h.El Banco de España tuvo conocimiento de las modificaciones contractuales que posibilitaron las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de Novacaixagalicia en febrero y marzo del 2011, aunque no obtuvieron copia de los mismos hasta los meses de abril y mayo, según declararon ayer en la Audiencia Nacional los inspectores de la entidades supervisora Miguel Segui y Pedro González.
Ambos fueron citados a declarar por el juez Ismael Moreno, que investiga la presunta comisión de los delitos de administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida, por parte de José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, con la «cooperación necesaria» de Julio Fernández Gayoso, quienes deben de hacer frente a una fianza que en total supera los 10,5 millones.
Según confirmaron fuentes jurídicas, a la pregunta de si los exdirectivos habían tenido una actitud obstruccionista con el Banco de España respecto a sus contratos, los inspectores respondieron que «obstruccionista» no era la palabra adecuada, ya que entonces les hubieran abierto un expediente, aunque reconocieron que sí mostraron reticencias. En cualquier caso, el supervisor tuvo copia de los mismos en mayo del pasado año, después de que, como en su día declaró el que fuera director general de la entidad, José Luis Pego, se los mostrara en febrero y pudieran «tomar notas».
Informes del supervisor
La Fiscalía pidió al Banco de España un informe -aportado a la causa- para saber si por parte de la caja gallega se había incumplido la disciplina bancaria. El 7 de julio pasado la asesoría jurídica del Banco de España concluyó que no había habido irregularidad y que, por tanto, no había motivo para incoar expediente a la entidad.
En el citado informe se recoge que en febrero-marzo tuvieron información sobre los contratos y que en abril-mayo recibieron la copia, que cotejaron con el original. Requirieron a la entidad el impacto económico que los contratos supondrían y, tras conocerlo, pidieron que se dotara.
En su declaración ante el juez, el inspector González afirmó -según fuentes jurídicas- que los contratos se provisionaron a iniciativa de la caja, lo que contradice lo recogido en su informe previo. Preguntado al respecto, matizó que no había sido él, sino su equipo, quien había pedido que se provisionara, subrayando que él no estaba de acuerdo. Justificó su postura explicando que no había indicios de que, por ejemplo, Pego fuera a dejar la entidad, lo que hacía innecesario dotar la cuantía de su improbable salida.
La Fiscalía también le preguntó a Pedro González si la resolución del contrato de García de Paredes la había abonado la caja, a lo que respondió afirmativamente. La defensa del imputado inquirió entonces si sabía cuándo se había constituido el banco (NCG), algo que ocurrió el 14 de septiembre. El técnico lo dudó y finalmente admitió que el pago lo asumió NCG, pues la salida de García de Paredes se produjo el día 19, y a propuesta del banco la capitalización de su indemnización. Es por este hecho por el que el juez le impuso una fianza de siete millones, cantidad «desproporcionada» según distintas fuentes jurídicas.
Equívoco o delito
Los técnicos también fueron preguntados sobre si autorizaron los nuevos contratos, a lo que respondieron que ellos no tenían que hacerlo. Según una de las defensas, los inspectores no han podido determinar si los cambios contractuales respondían a una interpretación incorrecta de una norma laboral -los imputados sostienen que el cobro de las abultadas indemnizaciones correspondía a derechos ya reconocidos en sus contratos originales- o a un desvío de fondos, que es de lo que Anticorrupción acusa a los exresponsables de Novacaixagalicia.
Al margen de ello, reconocieron que las modificaciones contractuales suponían un mayor coste para la entidad, aunque negaron que dichos importes -de los que Fiscalía reclama la devolución de casi ocho millones- comprometieran la solvencia de la caja, nacionalizada en septiembre del 2011.