El juez ve indicios de criminalidad en las indemnizaciones de los exdirectivos

Javier García de Paredes tendrá que asumir casi el 70 % de los 10,5 millones. Fernández Gayoso, declarado responsable solidario en caso de impago


madrid / la voz

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por el cobro de prejubilaciones millonarias, ha acordado imponerles fianzas que oscilan entre los 348.000 y los siete millones de euros y que, en conjunto, superan los 10,5 millones para cubrir la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa. Se les imputan supuestos delitos de administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida, y se les exige la devolución de un mínimo de 7,87 millones de euros percibidos «fraudulentamente».

En un auto fechado el lunes pero publicado ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 justifica la medida -solicitada por la Fiscalía el 24 de octubre- en la existencia de «indicios suficientes de responsabilidad criminal». Por ello, y para evitar que aprovechando el previsiblemente largo proceso de investigación antes de que se llegue a juicio, los querellados «se coloquen en una situación de insolvencia», el juez les ha impuesto tal medida cautelar.

Una medida «razonable»

Moreno argumenta que es «plenamente razonable» porque mientras se instruye la causa, los acusados «conservan tanto su capacidad de actuar, como la libre disposición de sus bienes, con lo cual podrían eludir su responsabilidad patrimonial».

Javier García de Paredes, ex director general adjunto de Novacaixagalicia, es quien deberá depositar la fianza más abultada: algo más de siete millones de euros. Le siguen los casi dos millones (1,92) impuestos a José Luis Pego, ex director general.

Gregorio Gorriarán, exdirector del grupo inmobiliario, y Óscar Rodríguez Estrada, exresponsable de la Oficina de Integración de la caja única, tendrán que depositar 1,21 millones y casi 348.000 euros, respectivamente, por orden del juez, que aunque no le impone fianza al excopresidente, Julio Fernández Gayoso, lo convierte en «responsable solidario» de todas las anteriores, al considerarlo «cooperador necesario» de los delitos. De este modo, en caso de que alguno de los exdirectivos no depositara la cuantía requerida, esta le sería demandada a Fernández Gayoso.

24 horas de plazo para abonar las fianzas

El juez Moreno da a los imputados 24 horas de plazo (desde que se les notifique la resolución) para abonar las fianzas, que se calculan sumándole un tercio a la cuantía que Anticorrupción les exige que devuelvan. En el auto se les advierte de que se procederá «al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama» en caso de que no las abonen en el plazo indicado.

Aunque los exdirectivos tienen tres días para interponer recurso, fuentes jurídicas consultadas explicaron que el recurso no suspende la obligación de depositar la fianza, aunque de no hacerlo el tribunal podría decidir no embargar bienes hasta resolver el recurso.

El juez sostiene que existen «indicios racionales de criminalidad» por los documentos e informes que obran en la causa y de los que «se desprende, al menos por ahora» que los imputados mejoraron sus contratos de alta dirección, «percibiendo elevadas sumas de dinero» amparándose en las modificaciones realizadas «con abuso de las funciones de su cargo».

La Fiscalía añade que en sus declaraciones los querellados «se limitaron a realizar manifestaciones en su defensa que, en ocasiones, están en contradicción con la documental obrante en la causa».

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